Una concejal de Libertador General San Martín escuchó los argumentos para crear la figura del viceintendente y no dudó: apuntó contra el proyecto y contra los 3.300 millones de pauta oficial. Su comparación con policías y maestros, adentro.
La concejal de La Libertad Avanza en Libertador General San Martín, Dolly Céspedes, puso bajo la lupa dos temas que atraviesan la política jujeña: el destino de los fondos de pauta oficial y la creación de la figura del viceintendente. Lo hizo en diálogo con Radio 2, donde advirtió que ambas medidas apuntan a concentrar poder y recursos en pocas manos.
Pauta oficial: más de 3.300 millones sin explicación
Céspedes cuestionó el uso discrecional de fondos estatales destinados a un grupo reducido de empresas periodísticas y plataformas de streaming, en un contexto donde los municipios del interior arrastran necesidades críticas.
Según la edil, hasta el momento ningún funcionario pudo explicar con claridad los criterios técnicos ni las métricas de audiencia que justifican las sumas asignadas, valuadas en más de 3.300 millones de pesos anuales.
"No cuestiono que se utilicen recursos de los jujeños para comunicar, pero sí el monto desproporcionado y la falta de criterios claros. Con lo que se gasta en un año de pauta publicitaria en pocos medios amigos y streaming, podríamos pagar el sueldo y aguinaldo anual de 317 policías, 362 enfermeros o 423 maestros, que tanta falta hacen en nuestras escuelas y hospitales", enfatizó.
El viceintendente y el control de los concejos
Consultada sobre la presentación de un grupo de intendentes ante la Legislatura para reglamentar e implementar la figura del viceintendente de cara a las elecciones de 2027, la concejal calificó la medida como un intento de ampliar la burocracia estatal en detrimento del poder de control institucional.
Sostuvo que la figura, cuyo antecedente se remonta a la reforma constitucional provincial, funciona como un mecanismo para neutralizar la autonomía de los cuerpos deliberativos. El riesgo, según su lectura, se concentra en las comunas donde la presidencia del Concejo Deliberante recae en sectores de la oposición.
"En la práctica, esto le resta total potestad al poder legislativo de la ciudad y busca licuar la fuerza de los concejales que controlan las cuentas públicas y los actos de gobierno. Es sumar más cargos y estructuras políticas en lugar de dar respuestas reales a la ciudadanía", concluyó Céspedes.