Una cooperativa argentina denuncia presiones de EE.UU. por negociar con Huawei

Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Santa Rosa comenzó a tratar un proyecto del concejal Mariano Alfageme para rechazar las amenazas que, según información pública, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos habrían dirigido a autoridades de la cooperativa neuquina CALF por sus negociaciones con la empresa china Huawei.

De acuerdo con lo difundido, los directivos de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) recibieron comunicaciones de la Embajada estadounidense en las que se advertía que quienes avanzaran en acuerdos con Huawei o firmas de similar origen podrían enfrentar restricciones o la revocación de sus visas para viajar a Estados Unidos. Las tratativas incluían la construcción de un centro regional de datos y la incorporación de tecnología para distintos proyectos.

Respaldo de cooperativas

La iniciativa también recoge el apoyo de cooperativas y mutuales de todo el país mediante la “Declaración de Neuquén por la autonomía y la independencia cooperativa”, que suscribieron, entre otras, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa.

Ese documento defiende la autonomía, la independencia y el gobierno democrático de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria. En sintonía con esa postura, asistieron a la comisión el presidente de la CPE, Manuel Simpson, y el vicepresidente José Piatti.

“Desde Patria Grande consideramos preocupante que una potencia extranjera pretenda amenazar y condicionar las decisiones de una cooperativa argentina”, señalaron en el bloque. Y agregaron que las decisiones sobre tecnología, telecomunicaciones e inversiones estratégicas deben tomarlas las autoridades y organizaciones del país, dentro del marco legal argentino y con procedimientos transparentes.

Para el espacio político, es urgente poner en valor la autonomía de las cooperativas y el derecho de Argentina a definir sus propias decisiones económicas, tecnológicas y estratégicas, frente a cualquier intento de condicionamiento externo. “Defender estos principios es también defender la capacidad de las comunidades y sus organizaciones para decidir democráticamente sobre su propio desarrollo”, sostuvieron.

El proyecto aún no consiguió dictamen: la oposición pidió seguir analizando el tema en comisión.