Una decisión de la Caja de Previsión enciende alarmas: ¿qué pasará con las juezas de Santa Cruz?

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz salió al cruce de una resolución oficial que concedió jubilaciones a diez integrantes del Poder Judicial. Nueve de ellos son mujeres y, según el organismo, la medida podría vaciar de representación femenina al máximo tribunal provincial. El conflicto institucional ya generó un fuerte reclamo por la independencia judicial.

Todo comenzó cuando el Directorio de la Caja de Previsión Social resolvió otorgar el beneficio jubilatorio a un grupo de magistrados y funcionarios. La decisión, adoptada sin consulta previa, fue calificada por la entidad como "selectiva e inconsulta". En un comunicado público, la Asociación advirtió que la medida compromete principios básicos del sistema judicial.

¿Por qué preocupa el impacto de género?

El dato que más inquieta a la Asociación es la composición de las personas alcanzadas: nueve de cada diez son mujeres. Según el planteo, esto implicaría que todas las juezas que integran el Superior Tribunal de Justicia de la provincia deberían dejar sus cargos de manera forzosa.

Para la entidad, semejante escenario alteraría por completo la representación femenina dentro del Poder Judicial santacruceño y pondría en jaque los principios de igualdad y paridad de género. "Reconocer un derecho previsional y finalizar la función judicial son cuestiones distintas", remarcaron desde la organización.

¿Se vulnera la inamovilidad de los jueces?

El comunicado también apunta contra el procedimiento utilizado. La Asociación sostiene que el simple hecho de reunir los requisitos para jubilarse no habilita a una autoridad administrativa a disponer la separación de un magistrado de su cargo. Según su interpretación, eso violaría la Constitución Provincial y atentaría contra la garantía de inamovilidad.

"Ante la gravedad institucional de lo ocurrido, reafirmamos nuestro compromiso con la independencia judicial", expresaron con contundencia.

¿Qué exigen ahora?

La Asociación reclamó que cualquier decisión que afecte la integración del Poder Judicial sea sometida al control constitucional correspondiente. También pidió que se respeten la división de poderes, la legalidad, la igualdad y la no discriminación. Además, exigió preservar la representación de género y las garantías institucionales que sostienen el funcionamiento democrático del Estado.

El conflicto deja en evidencia una tensión creciente entre el Ejecutivo provincial y el ámbito judicial, con un trasfondo de género que suma complejidad a un escenario ya delicado.