Una demanda contra el Uscis pone en jaque dos reglas que definen quién obtiene la green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) quedó en el centro de una batalla judicial por dos directrices que, según una coalición de sindicatos, organizaciones de derechos civiles e inmigrantes, cambiaron las reglas de juego para miles de personas que tramitan la residencia permanente.

La acción fue presentada en un tribunal federal de Massachusetts bajo el nombre American Association of University Professors v. Mullin. Los demandantes piden que se dejen sin efecto las disposiciones y que las autoridades vuelvan a evaluar los expedientes conforme a la legislación y los precedentes vigentes. Sostienen que los cambios alteraron las condiciones bajo las cuales muchas personas ya habían iniciado sus trámites.

“Nuestro sistema de inmigración debe encarnar los valores que definen a EE.UU.: equidad, transparencia, debido proceso y respeto al estado de derecho”, afirmó en un comunicado Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), una de las organizaciones que impulsan la demanda.

Las dos políticas bajo la lupa

La primera de las disposiciones cuestionadas es el memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo. Ese documento modificó los criterios para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus, el mecanismo que permite a ciertos inmigrantes tramitar la green card sin salir de territorio estadounidense.

Con esta directriz, los funcionarios deben considerar un elemento desfavorable que la persona solicite la green card desde adentro de EE.UU. en lugar de hacer el procesamiento consular en el exterior. Para revertir ese criterio, el interesado debe presentar circunstancias que justifiquen un tratamiento favorable, calificadas en la política como “excepcionales”.

La segunda medida es la PA-2026-05, publicada el 5 de agosto. Esta norma cambió la evaluación de solicitudes incompletas o con pruebas insuficientes y autoriza a los funcionarios a denegar determinados expedientes sin emitir antes una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID), los mecanismos que permiten responder a las observaciones de la agencia.

El riesgo de tener que dejar el país

La coalición advirtió que las nuevas reglas pueden obligar a algunos solicitantes a abandonar Estados Unidos para continuar sus gestiones desde el extranjero. Esa alternativa, según el planteo judicial, podría derivar en separaciones familiares, interrupciones laborales y dificultades para regresar si la persona enfrenta demoras consulares o restricciones para obtener una visa.

“AILA está litigando este caso en nombre de nuestros más de 18.000 miembros y de las personas, familias y empresas que representan, porque ningún gobierno debería tener permitido reescribir las reglas unilateralmente ni colocarse por encima de la ley”, aseguró Joseph.

Los argumentos legales

Los demandantes afirman que las medidas contradicen la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en particular la sección 245, codificada en 8 U.S.C. § 1255. Según su interpretación, el Congreso estableció el ajuste de estatus como una vía para que los extranjeros que cumplen los requisitos soliciten la residencia sin tener que abandonar el país.

Otro eje de la presentación es la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Los abogados sostienen que el Uscis introdujo cambios sustanciales sin abrir el procedimiento de consulta pública ni permitir que los sectores afectados presentaran observaciones antes de su implementación.

La demanda también cuestiona que la agencia haya modificado prácticas anteriores sin explicar de manera suficiente las razones del cambio ni considerar a quienes ya tenían solicitudes pendientes. Además, invoca la doctrina “Accardi”, que exige a las agencias federales respetar sus propias normas y los precedentes aplicables, y plantea una posible vulneración del debido proceso protegido por la Quinta Enmienda.

La representación legal del caso está a cargo de Democracy Forward, el American Immigration Council, la AILA y el estudio Colombo & Hurd. Los demandantes piden al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts que declare ilegales las dos políticas y ordene suspenderlas y anularlas.