Una denuncia anónima abrió la puerta: cómo cayó la red que vendía droga en Puerto Madryn

Cuatro personas acusadas de integrar una presunta red de venta de marihuana y cocaína en Puerto Madryn deberán sentarse en el banquillo. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia las envió a juicio oral y público, aunque todavía falta definir cuándo se realizará el debate.

Según la acusación fiscal, el grupo estaba integrado por Maximiliano Lorenzatto, Sergio Barría Barría, Micaela de los Ángeles Álvarez y Yésica Politi. La pesquisa describió una estructura de venta minorista, con distribución desde domicilios particulares, entregas coordinadas por mensajería y contactos con un supuesto proveedor radicado en la provincia de Buenos Aires.

Hasta que exista una sentencia, las responsabilidades penales atribuidas a los imputados siguen sujetas a lo que se determine en el proceso judicial.

El origen: una denuncia anónima y 15 semanas de vigilancia

Todo empezó con un llamado anónimo que alertaba sobre posible venta de drogas en el barrio Oeste de Puerto Madryn. A partir de esa presentación, los investigadores desplegaron durante aproximadamente 15 semanas tareas de vigilancia, registros fotográficos y filmaciones.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Lorenzatto habría ocupado un lugar central en el circuito local de venta de marihuana. La acusación situó parte de las operaciones entre el 7 de enero y el 22 de abril de 2025, con entregas en las inmediaciones de su domicilio y pagos que, en algunos casos, se verificaban mediante transferencias.

Los investigadores también señalaron que el acusado utilizaba Telegram para participar en grupos donde se ofrecían sustancias. Según la causa, las aplicaciones de mensajería servían para publicar productos, contactar compradores, acordar precios y coordinar las entregas.

Barría, por su parte, habría comercializado marihuana desde su vivienda y utilizado grupos de compraventa para ofrecer distintas presentaciones de la sustancia. Los registros incorporados a la investigación también habrían permitido reconstruir intercambios entre ambos sobre cantidades, precios y abastecimiento.

La mochila con más de 800 gramos y los allanamientos

Uno de los procedimientos centrales ocurrió el 21 de abril de 2025, cuando Lorenzatto ingresó al domicilio de Barría con una mochila que, según la acusación, contenía un paquete de más de 800 gramos de marihuana.

Durante el allanamiento se encontraron otros elementos incorporados como evidencia: envoltorios con cannabis, frascos con cigarrillos armados y semillas, restos vegetales y una balanza portátil. La investigación sostuvo que el material estaba relacionado con el circuito de comercialización bajo pesquisa.

El procedimiento derivó en otros cuatro allanamientos durante la madrugada siguiente. En la vivienda de Lorenzatto se secuestraron, según la información publicada sobre el expediente, marihuana, nylon y una balanza de precisión.

La pesquisa también involucró a Álvarez, a quien se le atribuyeron operaciones de distribución y contactos con otros integrantes del grupo. La acusación señaló que habría utilizado una motocicleta y un automóvil para realizar entregas, además de recibir una encomienda que contenía casi 400 gramos de marihuana en febrero de 2025.

En el caso de Politi, la Fiscalía sostuvo que habría encabezado otro circuito de comercialización, orientado principalmente a la cocaína. Los investigadores señalaron que en su domicilio encontraron elementos que consideraron vinculados con el fraccionamiento de sustancias.

366 transferencias: la pista financiera que complicó a los imputados

Uno de los aspectos centrales del expediente es el análisis financiero. Según la acusación, los investigadores identificaron 366 transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con las personas imputadas.

Álvarez habría concentrado la mayor cantidad de instrumentos financieros detectados: la acusación mencionó 12 cuentas en plataformas como Mercado Libre, Prex y Lemon, además de otras siete en entidades bancarias y servicios financieros digitales.

La Fiscalía consideró relevante la cantidad de cuentas, los movimientos registrados y la coincidencia entre determinados horarios de transferencias y los momentos en que presuntamente se realizaban las ventas. También investigó los giros de dinero que, según la hipótesis fiscal, llegaban al proveedor situado fuera de Chubut.

Los registros financieros fueron analizados junto con conversaciones y otros elementos reunidos durante la investigación. Por sí solos, los movimientos bancarios no prueban la comisión de un delito: su valor deberá evaluarse junto con el resto de la evidencia durante el proceso judicial.

Qué penas pidió la Fiscalía

La acusación contempla pedidos de penas diferentes para cada uno de los cuatro imputados, de acuerdo con la participación que les atribuye y los antecedentes mencionados en el expediente.

Para Lorenzatto, la Fiscalía solicitaría hasta seis años de prisión efectiva; para Barría, hasta cinco años. En el caso de Álvarez, el pedido llegaría a cinco años, mientras que para Politi sería de hasta cuatro años y seis meses.

Los pedidos de pena no equivalen a condenas. Será el tribunal el que deberá analizar las pruebas, escuchar a las partes y resolver la responsabilidad penal de cada acusado.

La investigación fue impulsada por los fiscales federales de Rawson Fernando Gálvez y Eduardo Vega, según la información difundida sobre el caso. El próximo paso será que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia establezca cuándo comenzará el debate.