Una denuncia anónima destapó la red que movía cocaína y marihuana entre tres ciudades
Ocho condenados, 302 kilos de droga y una denuncia anónima que lo inició todo. Pero hubo tres que evitaron la cárcel y la justicia explicó por qué.
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero homologó un acuerdo entre la Fiscalía Federal y las defensas y condenó a ocho personas por narcotráfico en un juicio abreviado. La resolución la firmó la camarista Ana Carina Farías, que actuó como tribunal unipersonal, y puso el cierre a una investigación que reconstruyó cómo la banda traficaba, proveía y vendía cocaína y marihuana en Santiago, La Banda y Añatuya.
Las penas van de los tres años de prisión condicional a los seis años de encierro efectivo. Cinco de los condenados seguirán detenidos y ya empezaron a cumplir la pena en sus lugares de alojamiento; los otros tres quedaron en libertad.
Quiénes son los condenados y qué pena recibió cada uno
Leonardo Daniel Martínez, alias "Bocha", de 42 años y con domicilio en La Rioja al 500 de La Banda, y Ángel David Figueroa, de 46 y del barrio Centro de la misma ciudad, recibieron seis años de prisión. Se los encontró responsables de comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres personas organizadas para cometer el delito.
La misma pena de seis años les tocó a Juan José Pereyra, "Juancito", de 39 años y del barrio Colón de la Capital, y a Lucas Federico Gómez, de 46 y del barrio Huaico Hondo. En su caso, la condena incluye comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con la tenencia de armas de guerra sin autorización legal.
José Ariel Alvarado, "Negro", de 40 años y del barrio La Leñera de Añatuya, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización.
Gastón Santiago Figueroa, de 21 años, hijo de Ángel Figueroa y vecino del barrio Agua y Energía de La Banda, recibió tres años de ejecución condicional como partícipe secundario del mismo delito agravado. Idéntica pena condicional les correspondió a Juan Gabriel Aguirre, de 22 años y del barrio La Merced de Añatuya, y a Daniel Ignacio Paz, de 46 y del barrio Tradición Este de la Capital, en ambos casos por comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización como partícipes secundarios.
El operativo que desarmó la estructura
La causa se armó con una investigación de Gendarmería Nacional y de la justicia federal que derivó en una serie de allanamientos realizados el 31 de octubre de 2024. En esos procedimientos se secuestraron casi 302 kilos de marihuana, 525 gramos de cocaína, seis autos, ocho motos, 2.985.150 pesos en efectivo, cheques por seis millones de pesos, 58 celulares, seis armas de fuego y municiones, además de otros elementos de interés para la causa.
En los operativos quedaron detenidos siete de los imputados. El octavo, Pereyra, estaba prófugo y fue apresado recién el 1 de octubre de 2025.
Así empezó todo: una denuncia anónima y un apodo
El punto de partida fue una denuncia anónima recibida el 30 de noviembre de 2023 en la Sección Investigación Antidrogas de Gendarmería. El denunciante advirtió sobre la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y señaló a uno de sus integrantes: Leonardo Daniel Martínez, conocido como "Bocha". Según el relato, el hombre vivía en el barrio Centenario de La Banda y compraba droga en Salta o Jujuy para abastecer a Santiago y La Banda.
Los investigadores constataron que Martínez tenía antecedentes penales por narcotráfico y desplegaron tareas de campo para reconstruir su entorno familiar, los vehículos que manejaba y sus viajes al norte del país para proveerse de marihuana y cocaína. Las escuchas telefónicas permitieron confirmar su compromiso con la actividad y empezar a identificar a sus contactos.
De un nombre a toda la red
Así fueron apareciendo los demás integrantes. Primero su mano derecha, Ángel Figueroa, y el hijo de este, Gastón Santiago, con una participación menor. Después Juan José Pereyra y su hombre de confianza, Lucas Federico Gómez. Más tarde se sumó al expediente Daniel Ignacio Paz, de quien se estableció que vendía droga al menudeo.
Las intervenciones telefónicas también pusieron en escena a un proveedor de Martínez que vivía en Añatuya: José Ariel Alvarado. Con el correr de la investigación se determinó que ambos mantenían una relación de provisión mutua: Martínez aportaba cocaína y Alvarado, marihuana. Este último actuaba con la colaboración de Juan Gabriel Aguirre, también oriundo de Añatuya.
El trabajo se sostuvo en tareas de gabinete, operativos de campo reservados y escuchas telefónicas. Esos resultados fueron la base de los pedidos de allanamiento y detención que se concretaron el 31 de octubre de 2024, cuando se incautaron las drogas, las armas, las municiones, las balanzas, el dinero, los vehículos y los teléfonos en distintos domicilios y fincas.
Cómo funcionaba la banda al momento de los allanamientos
Al cruzar el derrotero de la investigación, que duró cerca de un año, con lo hallado en los procedimientos, la justicia estableció que los imputados operaban en grupos autónomos que compartían la misma actividad delictiva.
Por un lado actuaban en conjunto Martínez, su hombre de confianza Ángel Figueroa y el hijo de este, Gastón Santiago. Paz lo hacía por su cuenta con la venta al menudeo, aunque había tenido relación con Martínez en un principio, siempre ligada al tráfico de sustancias ilegales. Pereyra trabajaba con su mano derecha, Gómez. Y el último en aparecer, Alvarado, lo hacía en complicidad con su persona de confianza, Aguirre.
Foto: Nuevo Diario Web
