Una denuncia por una marca trucha destapó lo que se fabricaba en un campo de Sacanta
Parecía una simple denuncia por el uso de una marca trucha. Hasta que Gendarmería entró al campo de Sacanta y se topó con la línea de producción completa: envases, mezclas y una impresora industrial para las etiquetas. Lo que se llevaron, en la nota.
La Fiscalía Federal de Villa María desbarató una presunta red que adulteraba y vendía agroquímicos falsificados en la región. Siete allanamientos en Pozo del Molle, Sacanta y una zona rural dejaron secuestros por unos $110 millones.
El operativo se concretó el 1 de octubre y estuvo a cargo de la fiscal federal María Schianni, junto a Gendarmería Nacional. El Juzgado Federal de Villa María autorizó las siete irrupciones pedidas por el Ministerio Público.
Qué encontraron en el campo de Sacanta
Según informó la Fiscalía, en un establecimiento rural de Sacanta funcionaba el corazón de la maniobra: allí se producían y envasaban los productos adulterados. Los investigadores hallaron una infraestructura montada para elaborar, procesar y distribuir los agroquímicos.
Entre lo secuestrado había envases reutilizados, recipientes para almacenamiento y mezcla, una impresora industrial para confeccionar etiquetas y sustancias prohibidas para su uso o comercialización. También otros elementos ligados al acondicionamiento y envasado.
El valor estimado de los químicos, envases, etiquetas y demás materiales asciende a unos $110 millones. Todo será sometido a pericias para determinar su autenticidad y si representan algún riesgo para el ambiente, la salud de las personas o los animales.
Las empresas alcanzadas
Los procedimientos alcanzaron a Agrocampo y Grupo Ceiba, ambas de Pozo del Molle, además de domicilios de sus responsables, depósitos y el campo de Sacanta. El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba dispuso la clausura de los dos establecimientos comerciales para cortar los canales de distribución y venta.
El origen de la causa
La investigación arrancó con una denuncia del apoderado de Syngenta Agro SA por la presunta comercialización de productos adulterados que usaban marcas de la firma. La causa investiga posibles delitos vinculados a la Ley de Marcas, estafas y eventuales daños al medioambiente.
Además, se pidieron medidas cautelares sobre once vehículos que estarían vinculados a los hechos, con el objetivo de asegurar eventuales decomisos y la reparación de los daños que pudieran determinarse.
