Una diputada nacional se vio forzada a borrar publicaciones tras una orden judicial: ¿Qué dijo sobre el gobernador?

Una diputada nacional anunció que cumplió con una orden judicial que le exigía eliminar publicaciones consideradas agraviantes hacia un gobernador, aunque lo hizo bajo protesta y calificando la medida como un caso de “censura previa”. La resolución, dictada por el juez Pedro Cagna de la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Capital, le dio 48 horas para acatar la sentencia.

Soledad Molinuevo, diputada nacional por La Libertad Avanza, informó este martes a través de sus redes sociales que eliminó las publicaciones en cuestión. Aclaró que lo hizo únicamente para evitar sanciones penales y económicas, pero bajo “absoluta protesta”.

¿Qué argumentó la legisladora?

En su mensaje, Molinuevo afirmó que la orden judicial representa un intento de “disciplinar, amedrentar y silenciar” a quienes ejercen la representación política. “Estamos ante un claro caso de censura previa”, escribió la parlamentaria libertaria.

La diputada sostuvo que esta medida “avanza sobre la libertad de expresión, el debate público y el derecho de una diputada nacional a pronunciarse sobre hechos de indudable gravedad institucional”. Añadió que su cumplimiento no implica “reconocimiento alguno de la verdad, razonabilidad o constitucionalidad de la resolución dictada”.

¿Cuáles son las consecuencias y los próximos pasos?

Molinuevo confirmó que continuará con el recurso de apelación interpuesto. “No implica desistir de la apelación interpuesta, ni de las reservas constitucionales y federales ya formuladas, ni de todas las acciones que seguiré impulsando hasta las últimas consecuencias para obtener la revisión y revocación de esta medida”, enfatizó.

La legisladora acumula su tercer revés en este expediente, que cuestiona la tramitación del caso en el fuero ordinario. Plantea que debió intervenir la Justicia Federal, argumentando además que la medida vulnera sus prerrogativas constitucionales como miembro del Congreso de la Nación.

“Cuando un gobernador recurre a la Justicia para obtener el silenciamiento de una diputada por sus manifestaciones públicas, no estamos frente a un simple conflicto entre particulares”, agregó Molinuevo. “Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional, porque lo que se intenta condicionar no es sólo una voz, sino el propio funcionamiento de la democracia y el derecho de la sociedad a escuchar opiniones críticas sobre quienes gobiernan”.

La diputada concluyó su mensaje afirmando: “pueden ordenar borrar algunas palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso innegociable con la transparencia y con la defensa de nuestra provincia”.