Una diputada quiere blindar los tratamientos oncológicos en Santa Cruz: la ley que impide cortarlos por trámites
Un proyecto de ley en Santa Cruz pone plazos de 48 horas para autorizaciones urgentes y prohíbe cortar tratamientos ya iniciados. La sesión donde debía tratarse quedó suspendida.
La diputada provincial Rocío García puso sobre la mesa un proyecto de ley para que los tratamientos oncológicos en Santa Cruz no puedan frenarse por cuestiones administrativas, financieras o por problemas con la provisión de medicamentos. La iniciativa lleva el número 699 y busca modificar la normativa que protege a las personas con cáncer en la provincia.
El texto ingresó al orden del día de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que se realizó el jueves 8 de octubre. Sin embargo, la sesión quedó suspendida y el proyecto no llegó a tratarse.
Qué propone el proyecto
La iniciativa plantea sumar nuevos artículos a la Ley Provincial 3501 de Protección Integral de las Personas con Cáncer. El objetivo central es garantizar que los tratamientos no se corten y que los pacientes accedan en tiempo y forma a medicamentos, estudios y prestaciones médicas.
Uno de los puntos clave es la prohibición de interrumpir, demorar o discontinuar tratamientos ya iniciados por causas administrativas, contractuales, financieras o por dificultades para conseguir y distribuir los medicamentos.
El proyecto también establece que cualquier cambio o reemplazo del esquema terapéutico deberá responder a criterios médicos fundamentados y contar con la intervención del profesional que atiende al paciente.
Plazos máximos para responder
Otro de los ejes son los tiempos de respuesta. La iniciativa fija plazos máximos para resolver autorizaciones y solicitudes vinculadas a tratamientos oncológicos. Cuando el equipo médico considera el caso urgente, la respuesta administrativa no podría superar las 48 horas. Para el resto de las prestaciones, el límite sería de cinco días hábiles.
El texto además contempla mecanismos excepcionales de provisión cuando un medicamento o insumo no se consigue por los canales habituales. En esos casos, el Ministerio de Salud y Ambiente y la Caja de Servicios Sociales —respecto de sus afiliados— deberían activar alternativas para que el tratamiento no se corte.
Menos trámites y más seguimiento
La propuesta incluye simplificar las autorizaciones para tratamientos prolongados, para que los pacientes no tengan que repetir trámites por cada ciclo, dosis o entrega de medicamentos.
También prevé mecanismos de seguimiento de solicitudes, autorizaciones, derivaciones y provisión de medicamentos, junto con canales específicos de atención para pacientes oncológicos y sus familias.
