Una docente de Santa Cruz va a juicio por lo que gritó en una protesta: los gremios se plantan
¿Puede una consigna gritada en una protesta terminar en un juicio? Una docente de Santa Cruz está a días de sentarse frente a la Cámara en lo Criminal y los gremios ya anunciaron que no la dejarán sola. Qué reclamaban aquel día en la puerta de la obra social provincial.
El Frente Sindical de Santa Cruz respaldó a la docente Adriana Mansilla, querellada por presuntas injurias tras una movilización frente a la Caja de Servicios Sociales. Los gremios denuncian criminalización de la protesta y convocaron a movilizarse el 14 de octubre frente a la Cámara en lo Criminal.
Representantes de distintas organizaciones sindicales de Santa Cruz se reunieron este jueves 8 de octubre en la sede de ADOSAC, en Río Gallegos, para expresar su apoyo a la docente Adriana Mansilla. La mujer enfrenta una querella por presuntas injurias promovida por Sergio Pérez Soruco, expresidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS).
La causa se originó a partir de expresiones que, según los dirigentes, se produjeron durante una movilización gremial frente a la obra social provincial. La presentación judicial cuestiona cánticos y consignas dirigidos al entonces titular del organismo en el marco de una protesta por la cobertura de medicamentos y otras prestaciones.
La conferencia de prensa contó con la cobertura de un móvil de Radio Nuevo Día. Los sindicalistas sostuvieron que el proceso constituye una forma de criminalización de la protesta social y manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la actividad gremial.
"Protestar no es delito"
Durante el encuentro, los representantes gremiales remarcaron que las expresiones que dieron origen a la querella se dieron en el contexto de una manifestación colectiva por el funcionamiento de la CSS.
"Protestar no es delito, manifestarse a través de las organizaciones no es delito, marchar, movilizarse no es delito", expresó una de las representantes sindicales durante la conferencia.
Los dirigentes plantearon que la situación judicial no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de los reclamos que los trabajadores venían realizando por las prestaciones de salud. Desde el Frente Sindical calificaron el proceso como una persecución política y advirtieron que podría sentar un antecedente para otros representantes gremiales que participan de movilizaciones.
En esa línea, afirmaron que la acción judicial podría tener un efecto disuasorio sobre futuras manifestaciones. Se trata de una interpretación de las organizaciones sindicales y no de una conclusión judicial sobre las motivaciones de la querella.
Los gremios también vincularon el conflicto con las discusiones salariales previstas para octubre y cuestionaron el porcentaje del 17,8% que, según indicaron, fue planteado como referencia para las negociaciones de los trabajadores estatales.
El reclamo que originó todo
El antecedente de la causa se remonta al 14 de agosto de 2025, cuando ADOSAC convocó a una movilización frente a la Caja de Servicios Sociales en Río Gallegos. En aquella oportunidad, el gremio reclamó la restitución del vademécum de medicamentos, la cobertura de prestaciones médicas y la regularización de las derivaciones de pacientes.La protesta contó con la participación de trabajadores de distintas organizaciones sindicales y estuvo dirigida a exigir respuestas por el funcionamiento de la obra social provincial.
Durante la conferencia de este jueves, los representantes gremiales volvieron a cuestionar las dificultades que, según afirmaron, atraviesan los afiliados para acceder a medicamentos, tratamientos y derivaciones. También mencionaron situaciones relacionadas con la interrupción de prestaciones y las condiciones salariales de los trabajadores estatales.
La situación de la CSS ha sido objeto de reclamos públicos durante los últimos meses. En enero de 2026, el vocal por los afiliados activos, Manuel Piris, presentó una solicitud formal para regularizar la entrega de medicamentos oncológicos y de alta complejidad. Las autoridades de la obra social reconocieron entonces demoras en la provisión de determinados medicamentos e informaron que trabajaban para normalizar el servicio.
Pérez Soruco dejó la presidencia de la CSS en julio de 2026. Posteriormente fue designado subsecretario de Relaciones y Coordinación Fiscal con Municipios y Comisiones de Fomento, mediante el Decreto Provincial 810/2026.
La causa judicial fue promovida por Pérez Soruco y no se cuenta, en el material de la conferencia, con declaraciones del querellante o de la defensa de la docente sobre los términos específicos del expediente.
La convocatoria para el 14 de octubre
El Frente Sindical anunció que acompañará a Adriana Mansilla el próximo miércoles 14 de octubre, fecha prevista para la instancia judicial. La convocatoria será a las 9:30 de la mañana frente a la Cámara en lo Criminal, ubicada en Malaspina 41, en Río Gallegos.
Los representantes sindicales invitaron a participar a trabajadores de diferentes sectores y a la comunidad en general. Además, anticiparon que analizarán la posibilidad de adoptar nuevas medidas gremiales, aunque aclararon que todavía deberán discutirse y definirse dentro de las organizaciones que integran el Frente Sindical.
Durante la conferencia también informaron que buscarán dar difusión nacional al caso y llevar el reclamo al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.
El planteo central de las organizaciones es que las expresiones realizadas durante las protestas sindicales deben analizarse dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. La audiencia del 14 de octubre será una nueva instancia del proceso judicial, mientras los sindicatos mantienen su convocatoria para acompañar a la docente y reclamar el cese de la acción judicial.