Una docente fue denunciada por protestar contra Vidal: la Justicia tomó una decisión que dejó al gobierno en offside

El gobierno de Claudio Vidal recibió un golpe judicial en Santa Cruz. Una docente que había sido denunciada por participar de una protesta sindical fue sobreseída, según confirmó el secretario general de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADoSaC), Germán Alegre, tras la indagatoria del 14 de octubre y un paro de 24 horas que paralizó las escuelas de la provincia.

La educadora Adriana Mansilla declaró ante la Cámara Criminal de Río Gallegos y, en diálogo con Tiempo FM 97.5, aseguró que "fue un reclamo colectivo" y que "no se trataba de algo personal". La causa se originó en agosto de 2025, durante una movilización contra la reducción del Vademécum dispuesta por la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social de los empleados públicos santacruceños.

La millonaria demanda que quedó sin efecto

La querella había sido impulsada por el entonces presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco, quien reclamó una indemnización de 20 millones de pesos contra Mansilla. Según la presentación, los cánticos y expresiones dirigidos hacia su persona durante la protesta por medicamentos resultaron injuriantes, por lo que exigió una compensación económica.

Antes de conocerse el fallo, el gremio docente había manifestado su rechazo absoluto al proceso. En un comunicado oficial, ADoSaC sostuvo que la denuncia buscaba criminalizar el derecho a la protesta social: "La judicialización de hechos producidos en el marco de reclamos gremiales trasciende la situación individual de nuestra compañera y compromete intereses colectivos de las y los trabajadores".

El cese de actividades abarcó toda la jornada educativa y fue acompañado por una marcha hacia la Cámara Criminal de la capital santacruceña, donde Mansilla fue citada para prestar declaración indagatoria. La medida de fuerza gremial se sintió con fuerza en las escuelas de Río Gallegos y otras localidades.

El incentivo que caldeó los ánimos

Días antes del paro nacional del lunes 3 de agosto convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), ADOSAC había rechazado el anuncio del gobierno de Vidal sobre el pago de un incentivo extraordinario de $500.000 para los maestros que no participaron de las medidas de fuerza realizadas entre febrero y junio.

Para el gremio, esa decisión representó un intento de "disciplinar" al sector. En el documento, ADOSAC afirmó que el pago extraordinario contradecía el argumento que el gobernador Vidal había sostenido durante las negociaciones paritarias. "Este anuncio deja al descubierto una verdad que el Gobierno intentó negar durante meses: la plata estaba", expresó la organización sindical.