Una empleada del IPVU gastó 4 millones que le cayeron por error: la Justicia le ordenó devolver cada peso

Una trabajadora del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) fue condenada a devolver cuatro millones de pesos que recibió por error en su cuenta bancaria. El dinero, transferido por el organismo provincial debido a una equivocación administrativa, terminó siendo utilizado para la compra de un terreno, desatando una batalla legal que ahora la obliga a restituir la totalidad del monto.

Según el expediente judicial, el origen del problema fue un error en la Dirección de Tesorería del IPVU. Una transferencia destinada a otra persona fue a parar a la cuenta sueldo de esta empleada, aprovechando una desafortunada similitud entre nombres. Lo que parecía un golpe de suerte se transformó rápidamente en un conflicto con el Estado provincial.

La reacción tras descubrir el error

Cuando desde el organismo se contactaron con la mujer para informarle del equívoco, su primera respuesta fue evasiva. Alegó no saber nada al respecto y que se encontraba ocupada. En un segundo llamado, la situación tomó un cariz más concreto: la empleada reconoció que ya había utilizado el dinero para adquirir un terreno, creyendo en un primer momento que podía estar vinculado a un juicio, y se negó a realizar la devolución.

Los registros bancarios aportados en la causa fueron contundentes: luego de haber sido notificada sobre el carácter erróneo de la transferencia, se realizaron extracciones y movimientos significativos en la cuenta. Este dato resultó clave para el juez a cargo de la causa, Martín Peliquero.

Una mujer deberá devolver $4 millones que le transfirieron por error desde el Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo de Neuquén.

Un camino judicial con idas y vueltas

El caso también tuvo su capítulo en el fuero penal, donde se inició una denuncia por apropiación de dinero ajeno. Sin embargo, ese proceso terminó con un sobreseimiento por extinción de la acción penal, luego de que la acusada pagara la multa mínima prevista.

No obstante, el juez Peliquero aclaró que la resolución penal no cerraba la instancia civil. En este ámbito, debía analizarse exclusivamente si existió un enriquecimiento sin causa, independientemente de la intencionalidad o no de un delito.

Frente a la Justicia, la trabajadora defendió su posición. Sostuvo que no actuó con la intención de apropiarse indebidamente de los fondos y argumentó que su situación económica, sumada a la posterior exoneración de su cargo, le impidieron devolver el dinero de inmediato. Manifestó su disposición a reintegrarlo, pero solicitó una reducción de los intereses y que se tuvieran en cuenta las retenciones ya practicadas sobre su salario.

La base legal del fallo contundente

El magistrado encuadró el caso dentro de la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, prevista en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta normativa establece con claridad que nadie puede beneficiarse económicamente a costa del perjuicio de otro cuando no existe una justificación legal para ello.

Tras el análisis, la Justicia determinó que el IPVU, un organismo público clave en la ejecución de políticas habitacionales en la provincia, sufrió una pérdida económica involuntaria y clara. Por otro lado, la empleada recibió un beneficio patrimonial que no le correspondía. Por lo tanto, el fallo fue terminante: la mujer deberá restituir la totalidad de los cuatro millones de pesos al organismo provincial, marcando un precedente sobre la responsabilidad frente a errores administrativos de esta magnitud.