Una empleada judicial lo denunció por acoso, pero el juez apuntó a un certificado médico
¿Qué hay detrás de la denuncia por acoso que sacudió al Tribunal Oral Federal de La Rioja? El juez Chamía respondió y apuntó a un certificado médico y una radicación en Buenos Aires que, según él, explican todo.
El juez del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, salió a responder públicamente la denuncia por presunto acoso laboral y sexual que presentó una empleada a su cargo. Lo hizo en diálogo con Medios Rioja, donde calificó las acusaciones como «totalmente falsas, una vil mentira» y sostuvo que detrás de la presentación hay un objetivo muy concreto: evitar la presencialidad laboral.
Según su versión, la denunciante —identificada como la agente Galván— vive en Buenos Aires desde hace más de dos años y no se presenta a trabajar. El magistrado aseguró que la mujer acumuló certificados médicos y licencias para no cumplir funciones en el tribunal.
«La vi una sola vez»
Chamía fue tajante respecto del vínculo con la denunciante y minimizó el contacto entre ambos. «La vi una sola vez que se presentó con la secretaria, vino a mi despacho y ahí la conocí», declaró. Y agregó: «Cuenta esa historia inventada para lograr una medida cautelar de restricción geográfica, que es el objetivo».
El juez reconstruyó además el recorrido administrativo del caso. Contó que en diciembre pasado el departamento de medicina de la Corte Suprema emitió un dictamen que determinó el alta médica de la agente, al considerar que no existían impedimentos para que retomara sus tareas. A partir de ese informe, el tribunal buscó normalizar su situación de revista.
Ante la negativa de la empleada a reintegrarse o a someterse a nuevas revisiones, la dependencia actuó mediante acuerdos internos. Ese proceso derivó en una sanción disciplinaria de 20 días, que según Chamía ya quedó firme después de la intervención de la propia Corte.
Dónde quedó la causa penal
En el plano judicial, el magistrado precisó que la denuncia penal recayó primero en el juzgado federal de Ariel Rafecas, quien se declaró incompetente. Luego el expediente fue derivado a La Rioja y quedó radicado en la Fiscalía local.
Una vez allí, Chamía se presentó por iniciativa propia junto a su defensa legal para ponerse a disposición de la investigación. La causa continúa abierta y por ahora no hay definiciones sobre el fondo de la acusación.
La polémica por las vacantes del TOF
El juez también se refirió a las tensiones internas por los movimientos de personal en el Tribunal Oral Federal y negó cualquier tipo de connivencia o irregularidad institucional. Explicó que los cambios se dieron por escalafón tras la salida de la doctora Daniela Herrera Piedrabuena, que concursó en la Fiscalía, y la vacante que dejó la renuncia de la secretaria del tribunal, quien asumió como jueza en Catamarca.
Ese lugar se cubrió con la promoción de la prosecretaria Alejandra Grimau. Frente a las críticas de otros magistrados por propuestas de designación externas —como las impulsadas por el doctor Quiroga Uriburu—, Chamía defendió que los cargos de jefatura de despacho deben cubrirse con abogados relatores, amparándose en las normativas vigentes que habilitan la promoción del personal idóneo del escalafón.
Presiones políticas y gremiales
En el tramo final de su descargo, el magistrado apuntó a intereses que exceden el ámbito local. Sostuvo que se habrían intentado imponer postulantes de sectores políticos y judiciales ajenos a la provincia, y cuestionó la intromisión de disputas gremiales nacionales en el funcionamiento normal del tribunal.
«Muchas veces las mujeres que realmente sufren estas cuestiones ven agravada la falsa denuncia por personas que hacen estas cosas», concluyó Chamía. El juez ratificó su confianza en que la Justicia esclarezca lo que considera una denuncia sin sustento.
