Una empresa francesa va a la justicia de Estados Unidos para cobrarle US$ 40 millones a la Argentina

Doce años después de haber recibido un fallo favorable en su juicio contra Argentina en el CIADI, la compañía francesa de agua Saur International busca cobrar los US$ 40 millones más intereses de la sentencia. La empresa presentó una demanda en la Corte de Washington este jueves, ya que el tribunal internacional no tiene forma de ejecutar sus propias decisiones.

En 2014, Argentina fue condenada a pagar unos US$ 40 millones más costas en concepto de indemnización por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010. Aunque el contrato fue rescindido por el gobierno mendocino, la sentencia recayó sobre el Estado Nacional.

¿Cómo se originó el conflicto?

Por la crisis de 2001, primero se le congelaron las tarifas a Saur y luego, con el correr de los años, no se le concedieron los ajustes acordados con las autoridades. Hubo varios años de negociaciones hasta que finalmente Mendoza rescindió el contrato. La demanda original había sido por US$ 144 millones.

La condena del Ciadi fue en carácter de compensación por daños generados a través de la “violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)”. Además, según dijo en su momento, la expropiación estuvo marcada por un “trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur”.

¿Qué es el CIADI, un dolor de cabeza para Argentina?

El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es un tribunal internacional que depende, en lo administrativo, del Banco Mundial. Es un mecanismo de arbitraje entre Estados y empresas cuando existen casos de ruptura de contratos. Está pensado como un marco institucional de acuerdo entre partes.

Argentina está en el segundo lugar, detrás de Venezuela, en el ranking de países con más demandas en ese tribunal. De los 65 casos que afrontó el país -entre los ya cerrados y los pendientes-, 19 están relacionados con contratos de suministro de energía; 11 con inversiones financieras y otros 10 con agua corriente (como el de Saur). Le siguen, más atrás, otros sectores como construcción y minería.

El 92% de las demandas contra la Argentina provinieron de empresas de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Un tercio (22) de todas las demandas contra Argentina viene de inversores estadounidenses, y le siguen España (10), Francia (8) e Italia (6).

De acuerdo a información del CIADI procesada por el think tank internacional Transnational Institute, en el 86% de los casos en los que estuvo involucrado el Estado argentino, la resolución fue favorable hacia la empresa demandante.