Una empresa gigante reportó pérdidas millonarias y su plan de expansión quedó atrapado en un pulso de poder

Una de las principales empresas de telecomunicaciones del país enfrenta una tormenta perfecta: pérdidas financieras masivas, un modelo de negocio bajo presión y un choque frontal con el gobierno nacional que tiene paralizada una operación clave. La situación combina números en rojo, costos dolarizados y una pulseada política que pone en riesgo el futuro de la compañía y afecta a millones de usuarios.

Durante 2025, la empresa reportó ventas por $8,3 billones, una cifra nominalmente alta, pero cerró el ejercicio con una pérdida neta de $145.304 millones. Este dato expone el problema de fondo: la facturación crece en pesos, pero no alcanza para sostener una estructura de costos cada vez más dolarizada. Además, arrastra una deuda en moneda extranjera que amplifica el impacto del tipo de cambio y golpea directamente los resultados financieros.

¿Por qué el sector está en crisis?

Las telecomunicaciones en Argentina operan con una ecuación cada vez más frágil. Las tarifas quedaron rezagadas frente a la inflación, los costos están atados al dólar y la presión impositiva supera el 40%. Incluso con subas en los precios de los servicios —planes móviles que ya rondan entre $65.000 y $75.000 y servicios de internet por encima de los $45.000—, las empresas no logran recomponer sus márgenes.

Un cambio en el comportamiento de los usuarios agrava la situación. Según datos del sector, 7 de cada 10 hogares recortaron gastos en conectividad, migrando a planes más baratos o reduciendo servicios. El impacto es directo: el ingreso promedio por usuario se mantiene estancado o cae en términos reales, mientras que el tráfico de datos crece más de un 30% anual impulsado por el streaming y el consumo de video. Es decir, las redes se usan cada vez más, pero generan menos rentabilidad.

La inversión que no alcanza

En paralelo, la compañía mantiene un nivel de inversión elevado. Durante 2025 destinó cerca de $1,48 billones en Capex, casi el 18% de sus ingresos, en línea con los estándares globales del sector. Sin embargo, ese esfuerzo no logra compensar el deterioro de la rentabilidad. La paradoja es clara: más inversión obligatoria para sostener la calidad del servicio, pero con retornos cada vez más ajustados.

¿Qué pasó con la gran operación de compra?

En ese contexto delicado aparece el segundo gran frente de conflicto: la compra de Telefónica de Argentina por US$1.245 millones, una operación que buscaba consolidar el mercado pero que terminó abriendo un enfrentamiento directo con el Gobierno nacional.

Desde el inicio, la administración dejó en claro su rechazo a la fusión al advertir que generaría una concentración excesiva del mercado, con niveles cercanos al 60% en telefonía móvil, más del 65% en telefonía fija y hasta el 80% en internet en algunas regiones. La preocupación oficial se centró en el riesgo de una posición dominante que afecte la competencia.

Las condiciones que paralizaron todo

Los organismos técnicos avanzaron con condiciones extremadamente exigentes. Se recomendó que, para aprobar la operación, la empresa debería desprenderse de hasta 6 millones de clientes de telefonía móvil, además de devolver 130 MHz de espectro y ceder usuarios de internet en zonas donde tenga alta participación. También se le exigiría retirar demandas contra el Estado y regularizar deudas pendientes.

El impacto potencial de esa exigencia es enorme. En términos prácticos, implicaría que la empresa debería ceder una porción significativa de su base de clientes, lo que alteraría completamente la lógica económica de la adquisición.

La última oferta que fue rechazada

En las últimas horas, la situación se tensó aún más. Según trascendió, el Gobierno rechazó una propuesta presentada para avanzar con la fusión que contemplaba la cesión de 2,9 millones de usuarios, es decir, menos de la mitad de lo exigido. La negativa dejó la operación virtualmente paralizada y profundizó el conflicto con el principal accionista de la empresa.

El trasfondo es también político. La compra se concretó rápidamente y con financiamiento millonario, lo que dejó al Gobierno sin margen de maniobra inicial y generó una reacción posterior con condiciones más duras. Desde entonces, la negociación se convirtió en una pulseada de poder que va más allá de lo técnico.

¿Qué puede pasar ahora?

Mientras tanto, el reloj corre para la compañía. Ya tomó deuda para financiar la operación y debe afrontar compromisos financieros, pero no puede avanzar plenamente con la integración del negocio. Al mismo tiempo, si acepta las condiciones oficiales, deberá resignar escala y clientes; si no lo hace, la fusión podría caerse.

El escenario que se abre es de alta incertidumbre. Por un lado, un negocio de telecomunicaciones que muestra signos de agotamiento en su modelo tradicional, con más consumo pero menos rentabilidad. Por otro, una operación estratégica que podría redefinir el mercado, pero que hoy está condicionada por exigencias regulatorias y decisiones políticas.

En definitiva, la empresa quedó atrapada en una situación límite: pérdidas millonarias, deuda en dólares, presión sobre tarifas, caída del consumo y un conflicto abierto con el Gobierno. Lo que se pensó como una jugada para consolidar el liderazgo en el sector amenaza ahora con convertirse en un problema de gran escala, con impacto directo en millones de usuarios y en el futuro del negocio telco en la Argentina.