Una funcionaria denunció en la Justicia asistencias millonarias que nadie habría cobrado

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, puso el caso en manos de la Justicia: denunció ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 1 presuntas irregularidades en asistencias económicas del Ministerio de Desarrollo Social, por varios millones de pesos, que habrían estado destinadas a tres chicos de una misma familia y que, según el relato de la funcionaria, nunca llegaron a destino.

La presentación se originó a partir de dos planillas que llegaron a su oficina a fines de julio. Según explicó Delgado, esos documentos consignaban asistencias económicas por varios millones de pesos para tres chicos, dos de ellos vinculados al dispositivo penal juvenil y hermanos entre sí.

Al revisar la documentación, la funcionaria aseguró que encontró que en los tres casos figuraba la misma persona como responsable de cobrar los fondos: la secretaria privada del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Cruz, Luis Quiroga, quien actualmente ocupa ese cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La madre que dijo no haber recibido nada

Delgado contó que logró contactar a la madre de dos de los chicos y que concurrió a su domicilio para mostrarle las planillas. Según su relato, la mujer negó haber recibido las sumas que figuraban en la documentación.

"Cuando le pregunté si había recibido esa plata me dijo que no", afirmó Delgado. Sobre los montos que pudo reconstruir, agregó: "En el caso del menor, yo llegué a sumar más de $4,5 millones. En el del mayor, cerca de $9,2 millones".

La funcionaria sostuvo además que la mujer había recurrido durante este año al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar ayuda con el alquiler. Según su relato, después de una intervención del área, la familia volvió a reclamar y recibió como respuesta que esa asistencia ya estaría siendo cobrada.

Una transferencia de $300.000 y el pedido de explicaciones

Dentro de la información que dijo haber relevado, Delgado mencionó una transferencia de $300.000 realizada a través de Mercado Pago. Según su relato, el envío habría sido efectuado por la secretaria privada de Quiroga y posteriormente la mujer le manifestó que había sido bloqueada por esa funcionaria.

Delgado describió el movimiento como "Una transferencia así, a pelo", y señaló que esa situación fue uno de los elementos que decidió poner a consideración de la Justicia junto con la documentación que había recibido.

La funcionaria también afirmó que, durante las últimas semanas, habló con trabajadores del área de Desarrollo Social que le manifestaron que el ministro y el gobernador conocían al menos este caso y que, según esas versiones, no habían intervenido. Esta afirmación corresponde al relato de Delgado y no implica que esos funcionarios hayan sido imputados ni que la Justicia haya establecido responsabilidad alguna.

La denuncia no establece por sí misma que haya existido un delito. Se trata de una presentación para que la Justicia determine qué ocurrió con las asistencias consignadas en las planillas y si los fondos fueron efectivamente entregados a sus destinatarios.

Qué dice la constancia y qué deberá determinar la Justicia

La constancia emitida por la Fiscalía de Primera Instancia N° 1 y fechada en Río Gallegos el 21 de septiembre de 2026 deja asentado que Sara Evelin Delgado radicó una denuncia penal, identificada en el documento como Tomo XLVII, Registro 2327, Folios 157/158. El escrito señala además que será remitida al Juzgado de Instrucción N° 2, Secretaría N° 2, para continuar con la tramitación correspondiente.

Delgado remarcó que su objetivo es que se esclarezca el destino de las partidas mencionadas en la documentación. "Para que, si hay una explicación, la den. Si las asistencias existieron, expliquen dónde están. Si alguien cobró plata que no le correspondía, que responda por eso. Y, si todo está en regla, también sea la Justicia la que lo determine", expresó.

En ese sentido, insistió en que su presentación no equivale a una acusación penal contra las personas mencionadas. "Ojo eh, que no estoy acusando a nadie de un delito, estoy diciendo que cuando una funcionaria pública recibe información así, no puede hacerse la boluda", sostuvo.

El caso queda ahora bajo intervención judicial. La investigación deberá establecer, entre otros puntos, si las asistencias consignadas en la documentación existieron, quiénes fueron sus beneficiarios, quiénes aparecen como responsables de percibirlas y cuál fue el destino efectivo de los fondos.