Una funcionaria santiagueña contó qué pasa con la insulina de su propio hijo: “Son medidas criminales”

La secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero, Daniela Águila, puso el cuerpo y la voz en un tema que la toca de cerca: uno de sus hijos necesita insulina y conoce en carne propia el peso del costo del tratamiento. Lo contó durante una entrevista en Actualidad Política, por Radio LV11, donde cuestionó con dureza las políticas sanitarias del Gobierno nacional.

En esa misma conversación advirtió que la Provincia sostiene con fondos propios programas de discapacidad que antes tenían financiamiento de Nación, y que la demanda en el sistema público de salud no deja de crecer.

“Nación se ha retirado”

El eje de la entrevista fue el financiamiento de las políticas para personas con discapacidad. Según Águila, en los últimos años la Provincia debió hacerse cargo de responsabilidades que antes cubría la Nación.

“Estos últimos años que Nación se ha retirado de todas las políticas públicas vinculadas a discapacidades, las hemos seguido sosteniendo desde el Gobierno de la Provincia con mucho esfuerzo, con financiamiento propio”, expresó.

La funcionaria aclaró que la asistencia provincial no se achicó: al contrario, tuvo que ampliarse para tapar los huecos que quedaron sin cobertura. Mencionó prestaciones médicas, tratamientos y servicios asistenciales que necesitan continuidad y remarcó que el acceso a esas prestaciones es un derecho, porque interrumpirlas puede comprometer seriamente la salud de quienes dependen de ellas.

Más familias en el sistema público

Águila vinculó el aumento de la demanda de asistencia con el mercado laboral. Según su análisis, muchas familias perdieron la obra social o la cobertura médica al quedar sin empleo o al pasar de un trabajo formal a uno informal.

El resultado, explicó, es que tratamientos que antes pagaban las obras sociales o las prepagas ahora recaen sobre el sistema público.

“Las familias han dejado de tener su obra social que les cubría los tratamientos a los chicos y todos estos chicos y adultos han pasado a ser atendidos en el ámbito público”, señaló.

La prioridad, sostuvo, está puesta en las personas con discapacidad que atraviesan las situaciones económicas y sociales más delicadas, sin perder una mirada inclusiva que alcance a toda la comunidad.

El Remediar y las compras de cada provincia

Otro de los puntos centrales fue la provisión de medicamentos esenciales. La funcionaria se refirió al programa nacional Remediar y afirmó que los envíos presentan dificultades, lo que obliga a las provincias a comprar por su cuenta.

Esa modalidad, advirtió, puede encarecer los costos frente a las compras de mayor volumen que antes se hacían de manera centralizada.

“El tema es que ahora el programa Remediar no está enviando medicamentos, entonces se tienen que hacer cargo cada provincia”, sostuvo.

El foco lo puso en los tratamientos de enfermedades crónicas, como la diabetes, y en la necesidad de garantizar que no se corten.

Insulina, costos y una crítica frontal

Al hablar de la insulina y otros medicamentos indispensables, Águila eligió palabras duras para cuestionar las restricciones en la cobertura sanitaria.

“Yo creo que son medidas criminales porque no se lo puede llamar de otra manera”, manifestó.

La secretaria explicó que conoce de cerca el problema del costo de la insulina porque uno de sus hijos requiere ese tratamiento. También planteó la necesidad de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y de bajar sus precios, y consideró que hay que debatir la posibilidad de fortalecer la producción nacional de insulina y de otros insumos médicos.

Sus declaraciones son una crítica política a las medidas nacionales y no una determinación judicial sobre la existencia de delitos.

El respaldo a las familias que reclaman

Águila también se refirió a las movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país para exigir la aplicación de la legislación de emergencia en discapacidad.

Cuestionó las demoras que, según dijo, afectan el funcionamiento de prestaciones y servicios: rehabilitación, acompañantes terapéuticos, apoyos escolares y acceso a tratamientos.

Expresó su respaldo a las familias y organizaciones que piden respuestas y manifestó preocupación por los episodios de intervención policial registrados durante manifestaciones en Buenos Aires, un tema que también abordó la conducción del programa.

Adicciones, violencia de género y adolescentes

Hacia el final de la entrevista, la secretaria repasó las otras áreas que maneja la Secretaría de Derechos Humanos: discapacidad, adicciones, violencia institucional, participación juvenil y prevención de la violencia contra las mujeres.

Sobre los adolescentes, destacó la importancia de fortalecer las actividades informativas sobre legislación penal juvenil para que los estudiantes conozcan sus derechos y sus responsabilidades.

También manifestó preocupación por la violencia de género y consideró necesario seguir estudiando su relación con las situaciones de crisis socioeconómica.

Hogares de Cristo y un nuevo servicio en Itatí

Como novedad, Águila anticipó que la Secretaría trabaja de manera articulada con los Hogares de Cristo y el padre José María “Pepe” Di Paola en iniciativas de prevención y atención de las adicciones.

Esa colaboración incluye un nuevo servicio en Itatí, orientado al acompañamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos.

La funcionaria destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia, y consideró que esa articulación amplía las posibilidades de acompañamiento para jóvenes y familias que necesitan asistencia.

“Estos son asuntos de todos, no solo del Estado, sino de todos los argentinos”, expresó al cerrar su participación.

Águila insistió en que la prioridad de la gestión provincial es garantizar la continuidad de las prestaciones y acompañar especialmente a quienes atraviesan mayores dificultades, en un escenario que describió como cada vez más exigente para el sistema público de asistencia.