Una gorra olvidada en la escena del robo de $250.000 puso en aprietos a uno de los sospechosos

El fiscal Damián Campos reveló que las pericias genéticas del Laboratorio Genético Forense dieron un resultado clave en la causa por el robo de $250.000 a un vecino de apellido Prada: el ADN hallado en una gorra secuestrada vincula directamente a uno de los cuatro investigados.

En diálogo con InfoPico Radio, el funcionario judicial explicó que la prenda fue encontrada durante un allanamiento en el domicilio de Gonzalo Torres y que su análisis arrojó el perfil genético de Mauricio Bajo.

«Estamos confirmando la hipótesis fiscal de que efectivamente el que andaba con la gorra era Bajo, el que ingresó a lo de Torres era Bajo, y el que se cambió las prendas de vestir y dejó en el lugar la gorra era Bajo», sostuvo Campos.

Para el fiscal, el dato es central porque respalda con evidencia científica lo que hasta ahora solo surgía de la reconstrucción con cámaras de seguridad de la ciudad.

Qué pasó con los detenidos

Campos también se refirió a la resolución del Tribunal de Impugnación Penal (TIP) que otorgó el arresto domiciliario a los dos detenidos que permanecían alojados en dependencias policiales, con control por tobillera electrónica.

El fiscal aclaró que la medida no altera el fondo de la causa: «El hecho de que les dispongan o no la prisión preventiva o la modalidad de arresto domiciliario no hace al fondo de la cuestión, no hace a que hayan mermado o no los elementos de convicción para suponer si tienen o no participación criminal».

Según explicó, lo que se debatió en las audiencias fue si estaban dadas las condiciones para mantenerlos privados de la libertad mientras la Fiscalía avanza hacia la acusación. El Ministerio Público sostenía que la preventiva debía continuar porque aún faltan los informes de las aperturas de los teléfonos celulares secuestrados.

«Acá lo que se discutió en todas estas audiencias es si estaban dadas las condiciones para que estuvieran con prisión preventiva mientras nosotros estamos investigando y avanzando hasta efectuar la acusación», agregó.

Cuatro investigados y una lista que podría crecer

El fiscal precisó que Mauricio Bajo, Gonzalo Torres, Claudio Arhex y Luján Luna revisten la calidad de investigados, con distinto grado de participación, y no descartó que la nómina se amplíe.

Campos remarcó que no se trató de un hecho improvisado: «No era un hecho al voleo, donde una persona va y se mete a una vivienda, sino que entendemos que hay una planificación previa en cuanto a la elección del día y del lugar».

Además, reveló que en una lata de gaseosa hallada en el vehículo en el que se habrían movilizado los investigados se detectó ADN de Torres y del titular del rodado. «Objetiviza que ambos estuvieron arriba de ese vehículo», señaló, aunque aclaró que ninguno de los imputados prestó declaración hasta el momento.

Los billetes y la pista de la serie

Sobre el dinero secuestrado en los allanamientos, Campos indicó que se aguarda que el Grupo Quemú informe si los billetes entregados a Prada estaban numerados. Luego habrá que determinar en qué banco fue retirado ese dinero y si existe registro de esa numeración.

«Lo que llama la atención es que hay una serie corta entre distintos billetes que se secuestraron en distintas viviendas, que dan a entender que han salido de la misma tanda», apuntó.

Entre las medidas de prueba pendientes, el fiscal enumeró el informe sobre el contenido de los teléfonos celulares secuestrados, el trabajo con el impacto de antenas de telefonía y la determinación de la numeración de los billetes.

La fecha clave y la calificación legal

El plazo de 60 días fijado en la audiencia del 27 de julio se cumple el 27 de septiembre de 2026. Ese día se definirá si continúa alguna medida coercitiva sobre los imputados, en función del avance de la pesquisa y de lo que resuelva el juez de control.

Respecto de la calificación legal, el fiscal indicó que se trata de un hurto calificado, con una escala penal de 1 a 6 años, en concurso con violación de domicilio, lo que puede elevar el máximo. De todos modos, planteó ante el TIP que el monto sustraído y el daño económico ocasionado alejan el caso del mínimo legal a la hora de evaluar los peligros procesales de fuga u ocultamiento.

La Fiscalía espera no demorar más allá de este año para formular la acusación.