Una jornada que sacudió Tribunales: el pasado que aún duele en el trabajo tucumano

La Corte de Tucumán abrió las puertas del Palacio de Tribunales para una reflexión cruda y necesaria. A 50 años del golpe de Estado de 1976, la mirada se posó sobre una herida que no cierra: la represión al movimiento obrero y sus secuelas en el presente laboral de los tucumanos. La pregunta que flotó en el aire fue clara: ¿cuánto de aquel pasado dictatorial sigue vivo en nuestros días?

La doctora Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y una voz autorizada en historia reciente, fue la encargada de encender la mecha de la reflexión. Su disertación, eje central de la jornada titulada “Otros derechos y vulneraciones que tienen continuidad”, analizó con lupa la persecución sistemática a los trabajadores durante la última dictadura cívico-militar.

Pero Basualdo no se quedó en el archivo histórico. Su exposición trazó puentes directos hacia el presente, planteando las inquietantes proyecciones y continuidades que persisten en el mundo del trabajo actual. Un análisis que buscó conectar la memoria con las luchas de hoy.

¿Quiénes lideraron la reflexión en Tucumán?

El Salón Monteagudo del Palacio de Tribunales reunió a lo más granado de la dirigencia provincial. En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, estuvo el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. La intendenta capitalina, Rossana Chahla, también ocupó su lugar en el encuentro.

La Justicia tucumana se hizo presente con su máxima autoridad. Presidió la actividad Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, acompañado por los vocales del máximo tribunal, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. Desde la esfera nacional de la magistratura, asistió Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

El gabinete provincial completó una nutrida representación con la presencia del secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Legisladores, funcionarios y público en general colmaron el espacio, demostrando el interés que despierta el tema.

Un compromiso que va más allá del acto

La jornada no fue un mero acto protocolario. Según los organizadores, se generó un verdadero espacio de análisis crítico. Sobre la mesa se pusieron las continuidades en materia de derechos laborales y las deudas pendientes que, a medio siglo del golpe, aún esperan ser saldadas.

El objetivo declarado fue promover una mirada integral que articule tres conceptos poderosos: memoria histórica, justicia y realidad social. Se trató de conectar los puntos entre el ayer traumático y las vulneraciones del hoy.

Esta actividad se enmarca en una agenda institucional más amplia del Poder Judicial tucumano. Una agenda orientada, según sus impulsores, a fortalecer los valores democráticos desde el corazón del sistema de justicia y a consolidar el respeto por los derechos humanos como pilar fundamental.

Desde el Gobierno de la provincia, liderado por Osvaldo Jaldo, se ratificó el compromiso de acompañar y promover este tipo de espacios. La apuesta es clara: utilizar la reflexión sobre el pasado como una herramienta activa para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en el futuro. El mensaje final fue que la memoria no es un museo, sino un campo de batalla para las conquistas del presente.