Una jubilada tucumana descubrió cargos misteriosos y el Banco Industrial deberá pagar una millonaria multa

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán aplicó una sanción económica millonaria al Banco Industrial S.A. La multa, que supera los 7 millones de pesos, se impuso por realizar débitos no autorizados a la cuenta de una adulta mayor de la capital. El caso expone una práctica que las autoridades instan a revisar con lupa.

La resolución sancionatoria, que asciende a la cifra de $ 7.153.675,60, se fundamenta en una infracción al artículo 19 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. El organismo provincial actuó de oficio tras la denuncia presentada por Amalia Carolina Racedo, una jubilada vecina de San Miguel de Tucumán.

La mujer advirtió que desde su cuenta bancaria se le descontaban de manera automática sumas correspondientes a seguros que ella jamás había contratado. Los cargos indebidos identificados fueron por un seguro de cajero automático, un seguro para celular y un paquete de seguros de multibeneficios.

Un reclamo que no fue escuchado

Según consta en el expediente administrativo, la entidad bancaria no solo inició los débitos sin el consentimiento de la clienta, sino que además no otorgó una baja efectiva de los servicios a pesar de los reiterados reclamos que ella realizó. El banco procedió con los cobros de manera unilateral.

Durante el proceso, la Dirección de Comercio Interior convocó a dos audiencias de conciliación con el objetivo de encontrar una solución. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. Un elemento clave en la decisión final fue la actitud de la entidad financiera.

El Banco Industrial S.A. se mostró indiferente al no presentar un descargo formal durante el procedimiento. Esta falta de respuesta fue valorada negativamente por las autoridades al momento de dictar la resolución que impone la multa.

¿Cómo se calculó la sanción millonaria?

La sanción económica fue calculada aplicando lo establecido en la ley. La multa equivale a cinco canastas básicas del Hogar III del INDEC, un parámetro que fija montos actualizados para este tipo de penalidades. Ese cálculo arrojó el monto final de $ 7.153.675,60 que deberá abonar el banco.

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, se refirió al caso y a la política de la cartera. Señaló que el Estado provincial continúa trabajando en la defensa de los consumidores, en línea con los instructivos del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro Regino Amado y el subsecretario Juan Carlos Bernard.

“Bajo una premisa clara: primero los tucumanos, primero los abuelos”, afirmó Canto, remarcando el enfoque de protección hacia los adultos mayores. El funcionario hizo un llamado especial a la comunidad para que acompañe a las personas de la tercera edad en la revisión de sus documentos financieros.

Insistió en la importancia de examinar minuciosamente los resúmenes de tarjetas de crédito, los movimientos bancarios y los recibos de haberes. El objetivo es detectar a tiempo posibles cobros indebidos o servicios que no fueron solicitados, tal como ocurrió en el caso de la jubilada denunciante.

Este fallo sienta un precedente en la provincia sobre la responsabilidad de las entidades financieras en el manejo de las cuentas de sus clientes, especialmente de aquellos más vulnerables. La millonaria multa busca desincentivar prácticas comerciales abusivas.