Una jueza de la Corte habló de la mora judicial y el caso que expone el problema en Tinogasta

La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti, puso el foco en la mora judicial y en la falta de consecuencias para los funcionarios que no cumplen con los plazos procesales. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Cuestión de Derecho" de Ancasti Streaming, donde se refirió puntualmente a la causa por la Tragedia de la Alcaidía y al reciente sobreseimiento en Tinogasta.

"Los plazos tienen que tener consecuencias"

Rosales Andreotti fue tajante al analizar cómo se manejan los tiempos en la Justicia. "Los plazos ordenatorios no son plazos; los plazos tienen que tener consecuencias. Si no tienen consecuencias, no es un plazo", sostuvo, y reclamó que las demoras de los funcionarios dejen de ser anecdóticas y empiecen a castigarse con sanciones disciplinarias.

La ministra se refirió específicamente al caso de la Tragedia de la Alcaidía, donde cuatro adolescentes murieron tras un incendio en una celda en septiembre de 2011. La causa fue elevada a juicio, pero la audiencia oral se suspendió en siete oportunidades y nunca se realizó. En junio último, la Corte dictó el sobreseimiento por prescripción para los cuatro policías imputados.

"Como lo dijimos en la sentencia, esto no puede pasar. Y no es una cuestión que tenga que ver ni con la complejidad de la causa, ni con los distintos factores que pueden hacer que el plazo razonable no se dé, sino llanamente con una desidia de quienes debían llevar adelante ese juicio", afirmó, apuntando a la responsabilidad de fiscales y jueces en el impulso procesal.

Rosales Andreotti explicó que la Corte ya estableció en su fallo cuáles fueron las responsabilidades de cada uno y dónde se produjeron las demoras. "Se pidieron las investigaciones del caso respecto de los funcionarios y el trámite está en la sala de sumarios para establecer esa responsabilidad", detalló.

El caso de Tinogasta que refleja el problema

Las declaraciones de la ministra encontraron un correlato casi inmediato. El 30 de septiembre, el Juzgado de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta, a cargo del juez Marcelo Eduardo González, dictó el sobreseimiento total y definitivo de Gabriel Ramón González, acusado por corrupción de menores.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2010 y principios de 2013. Ese mismo año, el 9 de septiembre, el imputado fue indagado. En noviembre de 2015 la Fiscalía pidió la elevación a juicio, homologada en abril de 2016. Sin embargo, ambas actuaciones fueron declaradas de "nulidad absoluta" por la Cámara de Apelaciones, y desde entonces la causa quedó estancada.

El expediente volvió a la Fiscalía de Tinogasta, que nunca más pidió la citación a juicio ni produjo nuevas pruebas. Así transcurrió el plazo máximo de 12 años de inactividad hasta que la causa prescribió el 9 de septiembre de 2025.

En su resolución, el juez González formuló un "severo llamado de atención a la Fiscalía interviniente" y señaló que se verificaron períodos de "inactividad procesal" atribuibles al Ministerio Público Fiscal, lo que derivó de manera directa en la extinción de la persecución penal.

El caso de Tinogasta se convirtió en un ejemplo concreto de lo que Rosales Andreotti advirtió: cuando los plazos no tienen consecuencias, la Justicia pierde la posibilidad de resolver.