Una jueza de Rosario encontró la fórmula para que un padre pague la cuota alimentaria: la clave está en la boleta de luz

Una magistrada de Familia de Rosario tomó una decisión sin precedentes en la provincia para hacer cumplir una obligación alimentaria. La jueza Andrea Brunetti ordenó que la cuota que un hombre adeuda a su hijo sea cobrada directamente a través de la factura de la EPE, luego de que el deudor ignorara durante dos años todas las medidas coercitivas tradicionales. La resolución busca garantizar el derecho fundamental del menor.

El caso llegó a esta instancia extrema después de un largo historial de incumplimiento. Durante más de 24 meses, el padre eludió sistemáticamente sus responsabilidades, desoyendo sanciones como la inscripción en el registro de deudores alimentarios, la prohibición de salir del país, el embargo de sus cuentas bancarias e incluso la suspensión de su licencia de conducir.

¿En qué consiste la medida innovadora?

La magistrada fundamentó su fallo en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que faculta a imponer “medidas razonables para garantizar la eficacia de las sentencias” cuando se vulnera un derecho humano fundamental como es la alimentación de un niño. La solución fue designar a la Empresa Provincial de la Energía como agente de retención.

Esto significa que la EPE incluirá el monto de la cuota alimentaria como un rubro adicional en la boleta del servicio eléctrico del deudor. La empresa actuará como intermediaria, recaudando el dinero y depositándolo posteriormente en una cuenta judicial designada para tal fin.

La lógica detrás de esta medida, según explicó la jueza Brunetti en diálogo con LT10 de Santa Fe, es su carácter coercitivo. Se asume que el deudor priorizará el pago de este rubro para evitar la interrupción de un servicio esencial como la energía eléctrica en su hogar.

Un antecedente provincial único

La resolución de la jueza Brunetti marca el primer caso de este tipo en la provincia de Santa Fe. A nivel nacional, existen solo dos antecedentes similares registrados en las provincias de Chaco y Tucumán, lo que convierte a esta decisión en un hito jurisprudencial para la justicia santafesina.

La magistrada calificó su propia decisión como “una respuesta necesaria ante un deudor que se mostró indiferente a otras privaciones”, lo que obligó al sistema judicial a intervenir sobre un servicio básico para asegurar finalmente el bienestar del niño involucrado.

Este mecanismo de cobro a través de la factura de un servicio público representa una herramienta novedosa dentro del arsenal de opciones que tienen los jueces para hacer efectivos los derechos alimentarios, especialmente en casos de deudores recalcitrantes que han demostrado resistencia a todas las medidas convencionales.