Una jueza dejó libre de culpa a ex ministros de Gutiérrez, pero el fiscal ya tiene su plan

La causa por el presunto fraude contra la provincia de Neuquén durante la gestión de Omar Gutiérrez sigue abierta. El Ministerio Público Fiscal (MPF) anticipó que apelará el fallo de la jueza de garantías Natalia Pelosso, que rechazó llevar a juicio a la mayoría de los imputados. El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que impugnará la resolución en los próximos días.

La magistrada resolvió que solo Diego Mauro, señalado como líder de la supuesta banda, enfrente un juicio oral por administración fraudulenta. Los demás investigados fueron sobreseídos o recibieron la suspensión de juicio a prueba. Entre los beneficiados hay dos ex ministros de Desarrollo Social de Gutiérrez: Abel Di Lucca —ya condenado en otra causa por los planes sociales— y Germán Chapino, además de activistas del Polo Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La investigación abarca hechos ocurridos entre 2022 y 2023 y se centra en la cooperativa Viento Sur, integrada por dirigentes de esas organizaciones. Según la fiscalía, se desviaron 1.208 millones de pesos.

Los argumentos del fiscal

Vignaroli cuestionó con dureza los fundamentos de Pelosso: “Los fundamentos (de la jueza) son pobres, no son jurídicos y por eso apeló a expresiones como del tipo ‘bolsa de gatos’, que es irrespetuosa y demuestra la debilidad de sus argumentos”.

El fiscal también sostuvo que la audiencia de control de la acusación “se desnaturalizó” y que “se hizo un juicio por adelantado sin la prueba; porque la prueba se debe valorar en el juicio, no en esta etapa procesal”.

La apelación busca que un Tribunal de Impugnación revise y anule la decisión por arbitrariedad, para que el caso llegue a un tribunal colegiado.

La maniobra bajo la lupa

De acuerdo con la teoría del MPF, a la que adhirió la Fiscalía de Estado que presentó la denuncia, la maniobra constituyó administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. “Vamos a probar durante el juicio que ese dinero fue destinado al pago de sueldos a más de 1.000 personas, sin respaldo contractual ni vinculación alguna”, afirmó Vignaroli.

El encuadre de la fiscalía señala que los exministros omitieron sus deberes al autorizar desembolsos mensuales del programa estatal sin verificar controles previos obligatorios —como planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación de capacitaciones— y al ignorar dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia.