Una jueza le dio seis meses a Vialidad Nacional para reparar las rutas 11, 81, 86 y 95

El Juzgado Federal 1 de Formosa amplió una medida cautelar y le ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reparar en seis meses los tramos peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, tras el incumplimiento de una intimación anterior. La decisión fue firmada por el juez Pablo Fernando Morán el 11 de septiembre de 2026.

La resolución llegó después de que el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, denunciara que el Distrito 22 Formosa de Vialidad Nacional no había acatado la medida cautelar original. Junto con la Fundación Unidos Por El Dolor, el funcionario pidió ampliar esa orden, y el magistrado hizo lugar al reclamo.

Qué tramos deberán repararse

El fallo dispone tareas de bacheo, mantenimiento posterior y limpieza de banquinas para rellenar pozos, protuberancias y grietas. Los trabajos deberán hacerse en ambos sentidos de circulación, "bajo apercibimiento de ley", en los siguientes sectores:

Ruta nacional 11: desde General Lucio V. Mansilla (km 1103,16) hasta Clorinda (km 1294), y desde el empalme con la RN 11 (km 1287) hasta Puerto Pilcomayo (km 1298), unos 195 kilómetros. Además, reparación integral entre la intersección con la ruta provincial 5 y el acceso al Banco Payagua (km 1103,16 a 1121).

Ruta nacional 81: desde el límite con Salta, entre los kilómetros 1781 y 1685, a lo largo de 504 kilómetros.

Ruta nacional 86: en el tramo Clorinda-Guadalcázar (km 1291 a 1798), unos 437 kilómetros.

Ruta nacional 95: entre Puerto Lavalle y Villa General Güemes (km 1211 a 1371), a lo largo de 120 kilómetros.

Los argumentos del juez

Morán consideró que las rutas nacionales que atraviesan Formosa "no brindan la seguridad necesaria que los usuarios necesitan", lo que representa una amenaza para la seguridad vial y un riesgo concreto para la vida de quienes circulan por ellas. También remarcó la importancia de la ruta nacional 11 como corredor que conecta localidades con alta concentración poblacional y como paso hacia provincias vecinas y hacia Paraguay.

El magistrado sostuvo que el bacheo y el mantenimiento de banquinas son funciones ineludibles de Vialidad Nacional, obligada legalmente a conservar y mejorar el sistema troncal de caminos nacionales según el artículo 2 del Decreto Ley 505/58 y la Ley 26854. Aclaró que la orden no implica una intromisión indebida del Poder Judicial en el Poder Administrador, sino la exigencia de cumplir un mandato legal ya confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

La advertencia del defensor del Pueblo

Gialluca anticipó que, si la DNV sigue sin acatar las intimaciones y los fallos firmes de la Justicia Federal, impulsará acciones legales, penales y financieras contra el organismo y contra sus directivos de manera personal. El defensor del Pueblo dijo que controlará el cumplimiento —o la eventual desobediencia— de la orden judicial, y recordó que su inobservancia trae consecuencias en los ámbitos penal, económico-civil y administrativo.