Una jueza le puso 3 días a la intendenta de Hipólito Yrigoyen: qué tiene que mostrar y qué pasa si no lo hace

La Justicia de Orán le dio un ultimátum de tres días a la intendenta de Hipólito Yrigoyen, María Soledad Cabrera, para que presente documentación y rinda cuentas en el marco de un amparo colectivo que impulsa una abogada junto a vecinos de la localidad.

La medida busca que el municipio conteste los pedidos de información que, según la presentación judicial, hasta ahora no tuvieron respuesta.

La resolución quedó radicada en el expediente “Castillo, Mabel contra Municipalidad de Hipólito Yrigoyen - Soledad Cabrera por amparo”, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán.

Qué le pidió la jueza al municipio

La abogada Estela Mabel Castillo explicó que la orden judicial fija un plazo de tres días para que la intendenta acerque al juzgado la documentación solicitada dentro del amparo.

Entre los puntos reclamados aparecen datos sobre los fondos públicos, papeles vinculados a las obras que se cuestionan y la rendición de cuentas correspondiente.

Con esa presentación se pretende obtener respuestas oficiales sobre esos temas y que la administración municipal cumpla con la obligación de contestar los pedidos de información que se le hicieron.

El amparo que firmaron los vecinos

Días atrás, Castillo convocó a habitantes de Hipólito Yrigoyen a firmar la solicitud de amparo en el juzgado, después de que la Justicia habilitara la posibilidad de avanzar con una presentación de carácter colectivo.

La acción la promovió la propia abogada, por derecho propio y en su condición de vecina, junto a otros habitantes de la localidad que consideran afectados sus derechos por la falta de respuesta de la administración municipal.

Según el texto de la sentencia, el planteo se sustenta en el artículo 87 de la Constitución de la Provincia de Salta y en normas y antecedentes jurídicos ligados al derecho de petición, las acciones colectivas y el amparo por mora administrativa.

Qué puede pasar si no cumple

Castillo advirtió que, si la intendenta no acata lo dispuesto por la jueza dentro del plazo establecido, podría pedir la aplicación de una multa y promover las actuaciones por una posible desobediencia judicial.

En esa línea, aclaró que el incumplimiento de una orden judicial podría derivar en la formación de una causa penal.