Una jueza quiere presidir la Asociación de Magistrados y pidió frenar la elección: el padrón que la complica

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) sumó un nuevo frente de conflicto. La camarista Malvina Seguí presentó un amparo electoral para suspender los comicios previstos para la primera quincena de diciembre de 2026, los mismos en los que pretende competir por la presidencia de la entidad.

La magistrada denunció presuntas irregularidades en la confección del padrón y reclamó una medida cautelar urgente. La demanda apunta contra la AMT, que preside Marcela Ruiz —hoy de licencia— y que cuenta con la representación legal del abogado Eduardo Eugenio Racedo.

El expediente y las inhibiciones

El caso recayó primero en el juzgado Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, a cargo de Raúl Tejerizo. El juez se apartó porque es socio activo de la institución demandada. Tras un nuevo sorteo en Mesa de Entradas, la causa quedó en manos de Camilo Appas.

El 15 de octubre, al recibir las actuaciones, Tejerizo invocó el artículo 111, inciso 4°, del código procesal y remitió el expediente a un nuevo sorteo. En su presentación, Seguí había pedido que las excusaciones de magistrados se analicen con criterio restrictivo, para evitar diferencias de trato. También marcó la complejidad institucional del caso: entre las autoridades de la AMT hay integrantes de la Cámara Civil y Comercial Común, tribunal que actúa como alzada.

El corazón de la disputa: quiénes votan

El eje del planteo es la incorporación de unos 50 funcionarios judiciales como socios adherentes. Según expuso Seguí, esas personas empezaron a ser admitidas de hecho a fines de 2021, pero la categoría quedó formalmente creada recién el 31 de octubre de 2025, cuando se publicó y entró en vigencia la reforma del estatuto de la AMT.

La camarista cuestiona que la conducción pretenda computar la antigüedad de esos funcionarios desde su incorporación informal, con el objetivo de habilitarlos para votar y para integrar las listas electorales.

Los artículos 8 y 37 del estatuto reformado exigen cuatro años consecutivos de pertenencia activa para acceder a los derechos políticos. El artículo 40, a su vez, establece que el nuevo estatuto reemplaza al anterior y rige desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa autorización de la Dirección de Personas Jurídicas.

Con ese marco, Seguí sostuvo que los adherentes no podrían completar los cuatro años antes del 31 de octubre de 2029, porque ese período no puede computarse desde una fecha anterior a la creación formal de la categoría. Su planteo se respalda en un dictamen de la Asesoría Letrada del organismo de contralor, incorporado al expediente N° 2697-211-2026.

Un padrón que se movería más del 20%

La discusión tiene efecto directo sobre el cuerpo electoral. Según los listados que remitió la propia asociación, el padrón regular reúne a unos 200 electores, entre jueces, fiscales y defensores en actividad y jubilados. Sumar a los 50 funcionarios implicaría una modificación superior al 20% del total de votantes.

Seguí aclaró que no cuestiona la incorporación de los funcionarios ni desconoce su tarea en la administración de justicia. Sí manifestó su preocupación por que queden envueltos en una controversia institucional ajena a ellos y reclamó que la competencia electoral se desarrolle con padrones bien confeccionados y sin manipulaciones.

Los reclamos que antecedieron al amparo

El conflicto por el padrón venía gestándose desde hacía meses. En marzo y abril de 2026, las juezas Ana María Iacono y Marcela Tejeda pidieron precisiones sobre la situación de los funcionarios. En agosto y septiembre, el reclamo lo reiteró el juez penal de Impugnación Edgardo Leonardo Sánchez.

Ante respuestas que consideró insuficientes, el 25 de septiembre Seguí notificó formalmente su intención de postularse a la presidencia y pidió que se aclarara el criterio para calcular la antigüedad de los adherentes.

La respuesta llegó el 9 de octubre, con una comunicación firmada digitalmente por el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen. Allí se indicó que, para los funcionarios incorporados después de la asamblea de 2021, el plazo debía contarse desde la fecha de incorporación efectiva, siempre que estuviera acreditada en los registros institucionales. Ese criterio los habilitaría para votar en diciembre.

Frente a esa decisión, Seguí pidió una medida cautelar de no innovar: que la AMT se abstenga de iniciar o continuar el proceso electoral y que excluya a los socios adherentes de los padrones provisorios y definitivos.

La convocatoria debe hacerse con al menos 30 días de anticipación al vencimiento de los mandatos, fijado de manera improrrogable para el 15 de diciembre de 2026, después del proceso de reorganización que la institución atravesó en 2024. La camarista advirtió además que, si la demora judicial provoca el vencimiento de los mandatos actuales, pedirá la intervención judicial de la asociación. Su argumento: la conducción no debería beneficiarse con una prórroga de sus funciones por una situación que, según su planteo, ella misma generó.

El otro frente: los balances bajo la lupa

La disputa electoral convive con los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la asociación. El expediente contable se abrió el 22 de julio, cuando la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Ana María Iacono solicitó la nulidad de la asamblea del 23 de abril de 2026. Denunció que se le impidió revisar los comprobantes de gastos antes de aprobar el balance de 2025, que, según su presentación, se trató a libro cerrado.

El 2 de octubre, el juez Pedro Yane Mana dictó una cautelar para intimar a la entidad a presentar toda la documentación contable de ese año en 48 horas, bajo apercibimiento de secuestro. La conducción, encabezada de manera interina por Jakobsen, entregó papeles sin inventario, presentó un recurso de revocatoria y sostuvo que el control de las cuentas corresponde a la Comisión Revisora de Cuentas. También recusó al magistrado sin expresión de causa y, de forma subsidiaria, con causa, al señalar que había participado y votado en la asamblea cuestionada.

Tras el apartamiento de Yane Mana y una serie de inhibiciones, el expediente quedó a cargo de la jueza de la XI° Nominación, Inés Yamúss. El martes 13 de octubre, Yamúss encabezó una inspección ocular en la sede de la AMT, en el primer piso de Tribunales, luego de que la propia entidad ofreciera que la documentación se examinara en el lugar.

Durante la inspección se constataron biblioratos con facturas de medicina prepaga de OSDE y Swiss Medical a nombre de la asociación, con anexos que incluyen nombres de personas físicas; planillas de Excel sin membrete con anotaciones manuscritas; un libro de Bancos en blanco desde mayo de 2017 y una carpeta con comprobantes sueltos. Entre los documentos aparecían pagos millonarios por congresos y máquinas expendedoras, además de un recibo sin membrete por $6 millones bajo el concepto de “100 tarjetas a comer con pollo relleno”.

El balance de 2024 y las observaciones del contralor

En paralelo sigue el reclamo extrajudicial del juez penal Gonzalo Ortega por el balance de 2024. Mediante cartas documento y presentaciones hechas entre mayo y agosto de este año, Ortega, en su condición de exsocio aportante, pidió explicaciones por gastos de $22,7 millones en comestibles y cafetería, pagos millonarios a obras sociales y farmacias, transferencias a la UNSTA por $7,6 millones y presuntas irregularidades vinculadas con los mandatos entre 2022 y 2024.

La conducción de la AMT rechazó esos planteos y argumentó que la desafiliación extingue el derecho de control sobre las cuentas de la institución. También sostuvo que la ley impide divulgar datos sensibles de terceros.

A los planteos de Iacono y Seguí se sumaron más de 40 fojas de observaciones que la Dirección de Personas Jurídicas formuló al legajo de la entidad entre 2021 y 2025, documentación adjuntada al nuevo amparo electoral. Con el expediente contable en manos de Yamúss y la demanda por las elecciones a cargo de Appas, la AMT acumula dos frentes judiciales que podrían incidir en su organización interna, en la rendición de sus cuentas y en la elección de sus próximas autoridades.