Una jueza se negó a entrar a la Cámara Gesell y el TSJ de Neuquén salió a marcar la cancha

Una jueza de garantías se negó a entrar a la Cámara Gesell en una causa por ciberacoso. La defensa apeló, el caso llegó al TSJ de Neuquén y la Sala Penal terminó anulando esa decisión del 12 de agosto. Qué dice el protocolo que rige desde 2015.

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Una jueza se negó a entrar a la Cámara Gesell y el TSJ de Neuquén salió a marcar la cancha
Una jueza se negó a entrar a la Cámara Gesell y el TSJ de Neuquén salió a marcar la cancha

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén salió a poner orden en medio de un tironeo que llegó hasta la máxima instancia penal de la provincia. A través de la Sala Penal, el TSJ ratificó que el protocolo para las entrevistas en Cámara Gesell sigue plenamente vigente y reclamó que jueces, fiscales y defensores dejen de tomar caminos contradictorios.

La resolución se disparó a partir de una causa por ciberacoso y de un conflicto puntual: la negativa de una jueza de garantías a estar presente durante una entrevista. La decisión, adoptada el 12 de agosto, terminó anulada.

Qué es la Cámara Gesell y por qué importa

Se trata de una herramienta pensada para que una psicóloga o un psicólogo especializado entreviste a niñas, niños o adolescentes que habrían sido víctimas o testigos de un delito. Mientras se desarrolla la entrevista, las partes la siguen desde otra sala.

El objetivo central es que la persona menor de edad brinde su testimonio una sola vez, evitando exposiciones innecesarias y situaciones de revictimización.

El caso que encendió la alarma

Todo empezó con un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa Pública para realizar una entrevista en Cámara Gesell. La defensa pidió que una jueza de garantías estuviera presente durante el procedimiento, ante la posibilidad de que surgieran diferencias sobre las preguntas.

La Fiscalía no se opuso. Sin embargo, la jueza resolvió no asistir. La defensa apeló y el Tribunal de Impugnación rechazó el planteo. El reclamo llegó entonces al TSJ mediante un recurso de queja.

Al analizar la situación, la Sala Penal —integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Gennari— detectó que no existía, en ese momento, un conflicto concreto entre las partes que justificara la intervención de la magistrada.

Según explicó el TSJ, la Ley Orgánica de la Justicia Penal establece que los jueces intervienen para resolver conflictos entre las partes. En este caso, tanto Fiscalía como Defensa coincidían en realizar la Cámara Gesell.

Además, la diferencia que motivaba el pedido estaba vinculada con preguntas que eventualmente podrían generar un desacuerdo durante la entrevista, pero que todavía no habían sido planteadas.

Por ese motivo, la Sala Penal declaró nula la decisión del 12 de agosto. La medida también alcanzó a la audiencia previa y a la resolución posterior del Tribunal de Impugnación.

Un protocolo que rige desde 2015

El Tribunal Superior señaló que detectó decisiones diferentes sobre la participación de jueces en este tipo de entrevistas dentro de los juzgados de garantías, el Tribunal de Impugnación y el Ministerio Público Fiscal.

Para la Sala Penal, esa dispersión generó incertidumbre en el sistema penal respecto de la aplicación de una herramienta especialmente destinada a proteger a niñas, niños y adolescentes.

El protocolo de actuación para las entrevistas en Cámara Gesell fue aprobado en 2015 y complementado en 2017 con una guía específica para niñas y niños en edad preescolar o con discapacidad. Ambos documentos se elaboraron con participación de especialistas y aportes de los Ministerios Públicos.

La resolución también remarcó que el juez tiene a su cargo autorizar la medida, mientras que la entrevista corresponde a un profesional especializado. Es ese profesional quien determina cómo y cuándo formular las preguntas de las partes, considerando la edad de la persona entrevistada, su estado emocional y el cansancio que pueda presentar durante el procedimiento.

Finalmente, el TSJ invitó a quienes consideren necesario modificar o actualizar el protocolo a presentar sus propuestas por la vía administrativa. De esta manera, cualquier cambio debería discutirse dentro de los canales institucionales previstos y no a partir de decisiones diferentes en cada caso.

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