Una ley que cambia quién arregla los caminos rurales: qué se aprobó en Entre Ríos

La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva este martes a la Ley de Consorcios Camineros, que ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. La norma habilita a asociaciones civiles sin fines de lucro a participar en la conservación, reparación y mejora de los caminos rurales.

El proyecto, impulsado por el oficialismo, apunta a la red vial terciaria, comunal o vecinal, y también contempla trabajos en tramos de la red secundaria mediante acuerdos con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que seguirá siendo la autoridad de aplicación y el organismo de control.

Los consorcios serán entidades de bien público y de servicios a la comunidad. Según el planteo oficial, el esquema permitirá sumar la participación de productores y vecinos en el mantenimiento de la red vial, sin reemplazar el empleo público.

Contrataciones directas y alcance de los trabajos

Uno de los puntos centrales del régimen es la autorización para que Vialidad contrate directamente a los consorcios. Los trabajos quedarán fuera del procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas N° 6.351 y se regirán por la nueva normativa, su reglamentación y los convenios o contratos correspondientes.

El pago por mantenimiento y conservación se calculará según los kilómetros asignados, con valores y mecanismos de actualización que deberá establecer la autoridad de aplicación. Municipios, comunas y juntas de gobierno también podrán contratar directamente estas tareas, siempre que sus normas lo permitan y no se afecte la finalidad de los consorcios.

Además de atender caminos, las entidades podrán ejecutar alcantarillas, puentes y obras de seguridad vial, así como tareas de escurrimiento, señalización y forestación. También podrán trabajar en propiedades privadas mediante contratos aprobados por dos tercios de su Comisión Directiva, con una contraprestación en dinero o en especie.

Cómo se financiarán las obras

El financiamiento tendrá como una de sus fuentes al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial. Los recursos se distribuirán anualmente entre los consorcios reconocidos y las zonales de la DPV, en proporción a los kilómetros de caminos secundarios y terciarios bajo su responsabilidad. La reglamentación también deberá considerar el clima y el tipo de suelo.

Para el mantenimiento periódico de caminos de tierra, ripio, broza u otros mejorados, Vialidad podrá financiar hasta el 80% del costo. El resto deberá cubrirse con otras fuentes contempladas por la ley, entre ellas aportes privados. Para otras obras viales, la participación del organismo podrá alcanzar el 85%.

La DPV también podrá alquilar, vender o ceder temporalmente equipos y aportar materiales, insumos y asistencia técnica. La maquinaria entregada en cesión no podrá convertirse en una donación y su mantenimiento y reparación quedarán a cargo de los consorcios, bajo control provincial.

Los requisitos para crear un consorcio

La conformación requerirá una Comisión Promotora de al menos siete integrantes, una nómina de por lo menos 20 futuros socios activos y un croquis de los caminos que pretende atender. Vialidad dispondrá de hasta 60 días para resolver, mediante una decisión fundada, si considera viable la propuesta.

Ante un rechazo, los promotores podrán corregir las observaciones y presentar nuevamente la solicitud. Si la segunda respuesta también fuera negativa, tendrán la posibilidad de recurrir al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Con la autorización de la DPV, podrán tramitar la personería jurídica como entidad sin fines de lucro.

Podrán ser socios activos los propietarios, arrendatarios e inquilinos de inmuebles rurales ubicados dentro de la jurisdicción o a una distancia de hasta 50 kilómetros de los caminos mantenidos. El esquema también incorporará representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno con voz y voto en la Comisión Directiva.

Qué controles conservará Vialidad

La ley asignó a la DPV el control técnico, contable y administrativo de los consorcios y sus obras, con acceso a sus registros financieros, administrativos y de personal. Cuando administren fondos o bienes públicos, también quedarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Las entidades podrán ejecutar trabajos por sí mismas o mediante terceros y elaborar proyectos, aunque deberán someterlos a la aprobación técnica de Vialidad. Ante incumplimientos, acefalía o violaciones de la normativa, la DPV podrá disponer una intervención por tres meses, prorrogable por otro período igual.

El interventor deberá pertenecer a Vialidad y tendrá las atribuciones de la Comisión Directiva. Si un consorcio se disuelve definitivamente y pierde su personería jurídica, sus bienes serán transferidos al organismo provincial.

Los reclamos de los trabajadores y los reparos legislativos

Durante el tratamiento de la iniciativa, trabajadores de Vialidad protestaron frente a Casa de Gobierno. El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) vinculó el régimen con un proceso de tercerización y advirtió sobre una posible reducción de la capacidad operativa de la repartición, en el marco de la reestructuración impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde el peronismo acompañaron la aprobación en general, aunque rechazaron algunos artículos. Sus planteos incluyeron mayores controles sobre los fondos, certificaciones técnicas y autorizaciones previas a los pagos, además de garantías para la estabilidad laboral y contra eventuales cierres de zonales o reducciones de personal.

También reclamaron priorizar la ejecución de obras por administración directa antes de transferir tareas o maquinaria a los consorcios. A esos pedidos sumaron mecanismos de información periódica a la Legislatura sobre los recursos destinados al nuevo régimen.