¿Una “limpieza” de leyes obsoletas? El Gobierno presentó un proyecto que promete cambiar las reglas del juego

El Gobierno nacional envió al Congreso un polémico proyecto para derogar cientos de leyes “obsoletas”. La iniciativa, bautizada como “Ley Hojarasca”, busca depurar el sistema legal argentino, argumentando que la acumulación normativa genera caos e incertidumbre. ¿Qué pasará con las normas que podrían desaparecer?

El proyecto fue ingresado este jueves al Parlamento y tiene como objetivo central “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”. Según los fundamentos, la existencia de un sistema complejo y a veces contradictorio dificulta su aplicación práctica.

¿Por qué una “Ley Hojarasca”?

El texto oficial advierte que las normas en desuso no son inofensivas. Por el contrario, “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. La propuesta es eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.

Esta iniciativa se enmarca en la política de desregulación del Gobierno, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto ya había sido presentado en 2024 y busca “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal donde se la considera innecesaria.

El impacto en la economía y el Estado

Uno de los argumentos más fuertes es el impacto económico. El proyecto sostiene que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, un eje clave de la política oficial. Un ordenamiento más simple, se argumenta, es esencial para el desarrollo de actividades económicas.

El exceso de regulación es visto como “una barrera para el desarrollo”. Obliga a empresas y ciudadanos a navegar un “entramado normativo complejo y muchas veces innecesario”, según los fundamentos de la ley.

El texto también pone el foco en el propio Estado. Señala que “la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública”, lo que deriva en ineficiencias y mayores costos administrativos. Muchas leyes vigentes “no solo carecen de aplicación efectiva, sino que además entorpecen la toma de decisiones”.

Normas de otra época y transparencia

Otro punto destacado es la existencia de leyes que “responden a contextos históricos, económicos y sociales que ya no existen”. Esta falta de actualización genera distorsiones y refuerza, según el Gobierno, la necesidad de una revisión integral.

La iniciativa también subraya un problema de transparencia y acceso. “El conocimiento y comprensión de la ley por parte de los ciudadanos se ve afectado por la proliferación normativa”, se plantea en los documentos, lo que atenta contra el principio de que las leyes deben ser conocidas por todos.

Finalmente, el proyecto no solo apunta a eliminar lo viejo, sino a establecer un nuevo criterio. El objetivo declarado es “sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico”, para evitar volver a caer en la acumulación desordenada de leyes en el futuro.