Una madre denuncia a su hija por apropiarse de su pensión durante años

Una mujer de 59 años denunció en la ciudad cordobesa de Deán Funes haber sido víctima de una prolongada estafa perpetrada por su propia hija, a quien acusó de apropiarse durante varios años del dinero correspondiente a su pensión por discapacidad mediante engaños reiterados. La situación dejó a la madre en una crisis económica severa, obligándola a vender pertenencias y pedir préstamos para sobrevivir.

Según la presentación judicial, la acusada, de 44 años, habría utilizado distintas maniobras para ocultarle a su madre el verdadero cobro del beneficio mientras continuaba percibiéndolo de manera regular. En un primer momento, le aseguraba que solo estaba recibiendo una parte de la pensión, pero con el paso del tiempo comenzó a sostener que el pago había sido suspendido por decisión del Gobierno.

¿Cómo afectó la estafa a la víctima?

De acuerdo con el relato de la damnificada, mientras su hija seguía cobrando el dinero, ella atravesaba una situación económica crítica sin contar con ingresos para afrontar sus necesidades básicas. La mujer aseguró que el perjuicio económico derivado de la maniobra tuvo graves consecuencias en su vida cotidiana, ya que debió desprenderse de muebles y pertenencias personales para poder subsistir.

Además, manifestó que tuvo que recurrir a préstamos de familiares para costear gastos esenciales, medicamentos y otros elementos indispensables. El caso ya fue formalmente denunciado ante la Justicia y la hija quedó imputada, mientras avanza la investigación para determinar la magnitud de la maniobra.

¿Qué otras investigaciones podrían surgir?

Los investigadores no descartan que la acusada pueda haber participado en otras estafas, situación que podría complicar aún más su panorama judicial. El hecho se conoce en un contexto de creciente preocupación por irregularidades vinculadas al cobro de beneficios sociales.

El año pasado, el Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones tras detectar presuntas anomalías, entre ellas casos en los que familiares directos continuaban percibiendo haberes de titulares fallecidos o de personas que no reunían los requisitos legales.

¿Hay casos similares recientes?

En paralelo, recientemente se registró otro episodio de características similares en La Plata, donde una mujer fue detenida acusada de utilizar la tarjeta de crédito de una compañera con discapacidad para efectuar compras y pagar servicios durante más de dos meses sin autorización.

En esa causa, la denunciante advirtió movimientos extraños en su cuenta y descubrió consumos en supermercados, locales de electrodomésticos, compra de pasajes y hasta el pago de facturas de gas. La investigación determinó que la sospechosa, quien compartía actividades laborales con la víctima, había tomado la tarjeta y la utilizó de forma reiterada para gastos personales.

La acusada fue imputada por defraudación y apartada de su lugar de trabajo mientras continúa el proceso judicial. Ambos casos volvieron a poner en debate la vulnerabilidad que enfrentan muchas personas con discapacidad frente a maniobras de abuso económico, especialmente cuando el fraude es cometido por familiares o personas de confianza encargadas de administrar sus recursos.

¿Qué medidas se están tomando?

Desde distintos organismos remarcaron que este tipo de delitos suele afectar de manera directa la calidad de vida de las víctimas, comprometiendo su acceso a tratamientos médicos, alimentación, vivienda y otros derechos básicos, por lo que insistieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de control, prevención y denuncia temprana.