Una madre instigó a su hijo adolescente a desafiar la seguridad escolar: lo que encontraron en su mochila dejó en shock a las autoridades

Una mujer fue detenida tras alentar a su hijo de 17 años a ingresar con una réplica de arma de fuego a un instituto de Las Heras, Mendoza, en medio del refuerzo de seguridad por amenazas escolares. El fiscal Juan Manuel Sánchez agravó la imputación y ordenó su prisión preventiva, enfrentando una posible pena de entre tres y ocho años.

El hecho ocurrió cuando el menor fue descubierto portando el arma falsa dentro del establecimiento educativo. Al ser interrogado, el adolescente aseguró que su madre lo había impulsado a llevarla, desafiando los protocolos de seguridad activados en la provincia.

¿Qué dijo el hijo sobre la participación de su madre?

“Le dijo que los protocolos activados en la provincia eran malos y que nada iba a pasar si llevaba la réplica a la escuela, pero los descubrieron”, revelaron fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza. La mujer había sido imputada inicialmente el viernes junto a su hijo, acusada de ser “instigadora del delito de intimidación pública”, pero su detención se concretó tras confirmarse su rol directo.

El fiscal Sánchez consideró que la severidad del hecho ameritaba una sanción mayor, dado que la intimidación fue agravada “por la participación de un menor”, su propio hijo. En un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, se destacó que, al momento de la ejecución, “ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y la alerta que se venía generando”.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Fuente foto: Los Andes

¿Cómo respondieron las autoridades educativas?

Desde la DGE confirmaron que el incidente se enmarca en una semana marcada por mensajes intimidatorios en 150 institutos de la provincia. El protocolo activado incluye una inspección exhaustiva de baños, pupitres y espacios comunes, restringe el uso de mochilas permitiendo solo carpetas y cartucheras, e intensifica la supervisión.

La normativa prioriza la contención psicológica y exige a las familias supervisar redes sociales y pertenencias, advirtiendo que estos actos se sancionarán como intimidación pública con responsabilidad civil de los padres. La DGE anunció que este miércoles los ministros de Educación y de Seguridad de la provincia brindarán precisiones sobre los operativos y protocolos.

¿Qué medidas se están tomando a nivel nacional?

Los gobiernos comenzaron a aplicar distintas estrategias para frenar la ola de amenazas escolares desatada tras la tragedia en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años abrió fuego en la Escuela Normal N°40, provocando la muerte de un compañero de 13 años e hiriendo a otros dos. Algunas provincias implementan revisiones de mochilas, mientras otras preparan a docentes con guías y protocolos de acción coordinados con fuerzas de seguridad.

Las amenazas de ataques en escuelas se repiten desde que el lunes 30 de marzo un chico de 15 años mató a un compañero e hirió a otros dos en un colegio en Santa FeMarcelo Manera – LA NACION

En Santa Fe, se cargará a la cuenta de los padres el costo de los operativos policiales por amenazas, mientras en Salta se reforzaron los controles en ingresos escolares. Los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires notificaron a directivos con guías de actuación inmediata ante mensajes amenazantes o presencia de armas, estableciendo pasos administrativos y procedimientos específicos de seguridad.

El Código Civil también se aplica, atribuyendo un deber de resarcimiento a los responsables de daños injustificados y, solidariamente, a los padres por los actos de hijos bajo su responsabilidad. “A su vez, se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo”, detalló el Ministerio Público Fiscal sobre el caso de Mendoza.