Una minera británica busca 933 hectáreas en el Valle Calchaquí y choca con fincas históricas

La fiebre minera volvió a encender las alarmas en el departamento de Molinos, en el corazón del Valle Calchaquí. Un nuevo edicto del Juzgado de Minas de Salta expone el interés de una firma extranjera por una extensa superficie que se superpone con fincas históricas de la zona.

La mira puesta en el Valle Calchaquí

Según la información oficial difundida en los últimos días y replicada por Nuevo Diario, el proceso se canaliza a través de una manifestación de descubrimiento para la mina denominada "Cobre Dos Central". Detrás de este avance está Humboldt Minerals Ltd., una empresa constituida en el Reino Unido que opera en Salta mediante una sucursal registrada, con domicilio legal en la capital provincial y representación local a cargo de Sofía Benavidez.

El proyecto abarca una superficie de 933 hectáreas, cerca de mil, ubicadas de lleno en territorio vallisto. El área delimitada oficialmente se superpone con fincas tradicionales de fuerte arraigo productivo y social: Gualfín, Pucarilla y Compuel, esta última propiedad de Don Francisco Ortiz. Esa superposición reactiva la tensión histórica entre los emprendimientos extractivos y los superficiarios locales.

Minerales codiciados

Lo que encendió la preocupación comunitaria y de los propietarios es el listado de recursos declarados en el expediente minero. Según consta en la solicitud oficial, se detallan indicios de una gran variedad de metales y minerales críticos, entre los que se destacan cobre, molibdeno, plomo, zinc, plata, oro y litio.

¿Qué implica esta instancia legal?

Desde los estrados judiciales aclararon que la publicación de los edictos formales no significa, de ninguna manera, el inicio inmediato de trabajos de explotación comercial o perforación. Se trata de la etapa inicial prevista por el Código de Minería para dar publicidad al descubrimiento.

Sin embargo, tal como señalan los registros periodísticos y edictos analizados, esta ventana temporal habilita a los titulares de las tierras afectadas, comunidades y terceros interesados a presentarse en el expediente para hacer valer sus derechos u oponerse formalmente, antes de que la Justicia avance con la concesión definitiva.