Una ministra de la Corte de Catamarca lanzó una advertencia sobre la nueva ley para menores: "Hoy es un delito"

La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti, puso el foco en los efectos concretos que traerá la baja de la edad de punibilidad a los 14 años y en la responsabilidad que le cabe al Estado frente a los chicos que delinquen. Lo hizo al analizar la implementación del nuevo régimen penal juvenil, la tarea que el Poder Judicial despliega en las escuelas a través del programa "Jueces y juezas en la escuela" y, además, la situación procesal del diputado provincial del MID, Javier Galán.

De la travesura al tribunal

Para la magistrada, el cambio de escenario es rotundo. Conductas que antes se resolvían en el aula o en la casa ahora pueden terminar en manos de la Justicia penal.

"Algo que en algún momento podíamos considerar que era una travesura o un error sin consecuencias más allá de lo disciplinario, hoy es un delito y puede ser juzgado en un tribunal penal", advirtió Rosales Andreotti.

La ministra aclaró que las penas no siempre derivan en cárcel, pero subrayó que un proceso judicial deja marcas sociales y emocionales en los chicos que lo atraviesan. En esa línea, recordó que el derecho penal es "la respuesta más violenta y más fuerte del Estado" y que por eso debe reservarse como último recurso.

La cadena de responsabilidades

Frente a un menor que delinque, la titular de la Corte sostuvo que la responsabilidad no recae en una sola persona ni institución. Familia, comunidad y Estado comparten la carga, y según su lectura, esa cadena tiene eslabones flojos.

"Nos encontramos frente a toda esta cadena de corresponsabilidades que seguramente si revisamos bien hemos incumplido en muchas de sus partes", señaló.

Por eso insistió en que antes de pensar en el encierro hay que garantizar derechos básicos: educación, alimento y trabajo para las familias de esos chicos. La mediación penal juvenil, implementada este año en la provincia, apareció en su balance como una experiencia positiva, ya que permite alcanzar acuerdos y reparar el daño sin llegar a la instancia de encierro.

La ministra también les dejó un pedido a los funcionarios judiciales: sumar la escucha activa a la claridad para explicar las decisiones.

"Está muy bien que los jueces hablen claro. Ahora, lo que también tendrían que intentar practicar es escuchar más para ver si no solo hablan claro para que los entiendan, sino si ellos entienden el lenguaje de las personas que les hablan", expresó.

El caso Galán: qué dijo la Corte y qué falta

Rosales Andreotti también repasó el estado de la causa contra el diputado provincial del MID Javier Galán, acusado por presuntos delitos contra la integridad sexual. La Cámara de Apelaciones declaró inconstitucional el planteo de caducidad presentado por la defensa, justamente por la naturaleza de los delitos imputados. Después, la Corte rechazó el recurso por una cuestión formal.

"Al ser una resolución que permitía la continuidad del proceso, no tenía el carácter de definitiva y (...) no causaba un gravamen irreparable", explicó la ministra.

Con el trámite habilitado, ahora el juez de la causa deberá resolver si solicita el desafuero a la Legislatura. Ese paso exige una mayoría de dos tercios de los legisladores para autorizar la investigación penal preparatoria.

Sobre ese punto, Rosales Andreotti remarcó el carácter preliminar de la instancia y evitó cualquier lectura anticipada de culpabilidad.

"Se ha establecido que hay un mérito para solicitar la investigación. Eso es todo lo que ha dicho la justicia. No es una declaración ni de culpabilidad ni de sospecha ni de ningún tipo, sino que tiene que ver con que exista la posibilidad de investigar", concluyó.