Una mujer fingió su propia muerte para sobrevivir a un ataque de su expareja: el caso que llega a juicio

Una empresaria tucumana denunció un intento de femicidio por parte de su expareja, un hombre del rubro textil, en un hecho que la justicia de San Isidro calificó inicialmente como lesiones leves. La víctima, de 42 años, teme que la causa derive en una condena leve y exige que se investigue como tentativa de femicidio. El juicio oral quedó fijado para el 21 de abril tras fracasar las negociaciones para un acuerdo abreviado.

El episodio central ocurrió el 15 de septiembre de 2023 en la vivienda que compartían en la localidad bonaerense de La Horqueta. Según el relato de la denunciante, su expareja la tomó por la nuca y el cuello para estrangularla mientras le decía: “No ves que yo a vos te puedo matar si quiero”.

La estrategia desesperada para sobrevivir

Ante la pérdida de sensibilidad corporal y el miedo a morir, la mujer tomó una decisión extrema. “Fingí mi propia muerte para sobrevivir”, declaró. Simuló desmayarse para que el agresor aflojara la presión, una táctica que, según su testimonio, le permitió salvar la vida.

Al recuperar la conciencia, logró escapar de la casa, subirse a su auto y realizar una llamada de auxilio al 911. En ese momento, el acusado se habría acercado nuevamente, pero se retiró al advertir que ella estaba comunicándose con la policía.

Las pruebas médicas que contradicen la calificación legal

Al día siguiente, la mujer fue asistida en el Hospital Italiano, donde se constataron lesiones compatibles con estrangulamiento. Un informe pericial de la Policía registró hematomas, dolor cervical y dificultades para tragar.

El médico policial describió estos signos como compatibles con una “compresión por manos humanas”. El informe agregó que las lesiones le provocaron una incapacidad laboral superior a un mes, un dato que la querella utiliza para cuestionar la calificación judicial de “lesiones leves”.

Los abogados de la víctima, Martín Lozano y Lucía de la Vega, presentaron un escrito donde sostienen que se trató de un “estrangulamiento manual sostenido hasta provocar la pérdida de conocimiento, con manifestación verbal de intención homicida”. Por ello, consideran que el hecho debería encuadrarse como lesiones graves o, directamente, como tentativa de femicidio.

La defensa del empresario y las acusaciones cruzadas

Por su parte, la defensa del empresario, a cargo de la abogada Mariana Gallego, rechazó de plano las acusaciones. Sostuvo que su cliente es víctima de un hostigamiento y que niega haber estado presente en el domicilio al momento del supuesto ataque.

La letrada reveló que el hombre cuenta con una medida perimetral contra la denunciante. Además, planteó que existe un conflicto civil derivado de la separación de la pareja y afirmó que la mujer habría solicitado dinero a cambio de desistir de la denuncia, una versión que fue categóricamente rechazada por la querella.

El caso tuvo su última audiencia el jueves pasado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el juez de Garantías de San Isidro, Pablo Viñas, desestimó la posibilidad de un juicio abreviado y fijó fecha para el debate oral. El propio imputado rechazó la opción del abreviado, optando por llevar su versión de los hechos directamente al juicio.

La querella había cuestionado duramente la propuesta de abreviado, argumentando en sus escritos que resultaba “desproporcionado frente a la gravedad del hecho” y que no contemplaba las pericias médicas ni el contexto de violencia de género denunciado.

Con las posiciones completamente enfrentadas, el juicio del 21 de abril no solo debatirá la responsabilidad penal del acusado, sino que también pondrá bajo la lupa la calificación legal de un episodio marcado por la violencia extrema y una lucha por que el sistema judicial reconozca la gravedad de lo sucedido.