¿Cuánto puede esperar una persona con discapacidad para saber si le corresponde su pensión? La Justicia respondió con un fallo que puso plazo al Estado, pero no resolvió lo que la solicitante más necesita.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó que el Estado nacional incurrió en una demora injustificada al no responder durante más de un año un pedido de pensión no contributiva por invalidez, y confirmó la orden para que el organismo se expida de inmediato. La resolución fue difundida por la Defensoría del Pueblo de Formosa.
El caso se originó con una solicitud presentada el 13 de marzo de 2025 ante la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Cuando la persona inició la acción judicial, el 23 de abril de 2026, el expediente seguía sin resolución y figuraba en el estado "Inicio de prestación".
El amparo que destrabó el expediente
Frente a la falta de respuesta, la solicitante —identificada en la causa con las siglas RAA— acudió a la Justicia con un amparo por mora de la administración. El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo del doctor Pablo Morán, hizo lugar al planteo el 11 de agosto de 2026 e intimó al organismo a dictar una resolución en diez días hábiles, con imposición de costas y regulación de honorarios.
La ANDIS apeló esa decisión. Sostuvo que el plazo era demasiado breve porque el otorgamiento de una pensión exige un procedimiento con varias instancias de evaluación para resguardar el interés público y el uso de los fondos estatales.
Qué respondieron las juezas
Las magistradas Patricia García, Rocío Alcalá y María Virginia Ise analizaron la apelación y dieron por acreditada la mora. El Estado nacional argumentó que, a partir del Decreto 942/2025, la recién creada Secretaría Nacional de Discapacidad trabajaba para normalizar las demoras heredadas de la ANDIS, y que había remitido un requerimiento a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas para obtener una respuesta.
Para el tribunal esos argumentos no alcanzaban. Señalaron que había pasado más de un año desde el inicio de la solicitud sin resolución ni constancias de movimientos que explicaran la demora. "La sola alegación de que el trámite administrativo requiere de varias etapas para emitir la decisión no constituye, por sí sola, una explicación adecuada para justificar la demora en la que incurrió", afirmaron.
También observaron que la demandada no aportó pruebas concretas sobre las razones de la demora ni sobre el cumplimiento del circuito administrativo invocado. Por eso concluyeron que la mora estaba configurada y que correspondía mantener la procedencia del amparo.
Qué significa el fallo y qué no
La Cámara explicó los alcances de la herramienta prevista en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549. Recordó que el amparo por mora no busca que la Justicia resuelva el fondo del pedido, sino que ordene a los organismos públicos cumplir con su obligación de expedirse cuando vencieron los plazos legales o transcurrió un tiempo irrazonable sin decisión.
El defensor provincial José Leonardo Gialluca precisó que el fallo no otorga directamente la pensión, sino que obliga a la administración nacional a resolver el expediente y comunicar una decisión fundada. Además, afirmó que el Gobierno nacional "entiende que la discapacidad no constituye una prioridad y por ello, valoramos que la Justicia sea quien garantice los derechos de los integrantes de este colectivo altamente vulnerable".
La Cámara también rechazó el cuestionamiento de la ANDIS sobre las costas: consideró que fue la conducta omisiva del organismo la que obligó a la solicitante a recurrir a la Justicia y afrontar gastos de representación legal para obtener una respuesta que debía brindar la propia administración.
