Una mujer quedó imputada por el ataque a golpes y puñaladas en el Nahuel Hue: qué encontró la fiscalía
Una mujer de 31 años declaró ante el juez por el ataque a golpes y puñaladas que dejó a un hombre internado en Bariloche. Dijo que esa noche estaba en su casa, pero la fiscalía sostiene otra cosa. ¿Qué encontraron los allanamientos?
La fiscalía de Bariloche considera que una mujer de 31 años instigó el ataque que dejó a un hombre internado en grave estado. La imputación fue formulada por el fiscal Facundo D'Apice y validada por el juez Juan Pablo Laurence.
La víctima, identificada como Jesús Laime, fue agredida a golpes de puño, patadas en la cabeza y una puñalada en la madrugada del domingo, en una calle del barrio Nahuel Hue. Permanece internado desde entonces, sedado, sin poder declarar.
La imputada, Jenifer Silva, quedó vinculada al expediente por el delito de lesiones graves. Según el fiscal, hay evidencias de su participación en la autoría mediata o promoción del ataque, que habría estado motivado por una deuda económica.
Qué dicen los testigos y las cámaras
D'Apice sostuvo que testigos presenciales, atemorizados, tardaron cuatro días en presentarse en la fiscalía. Sus relatos fueron los que involucraron a la mujer y derivaron en el allanamiento de su vivienda.
Con relatos de oídas y cámaras de seguridad, el fiscal reconstruyó que cuatro personas interceptaron y acorralaron a Laime en la vía pública cuando salió a comprar lo que estaban consumiendo en una vivienda del barrio. Tres lo golpearon con saña y uno, que portaba un cuchillo, lo hirió en el abdomen. Cuando ya estaba en el suelo, semidesmayado, continuaron con los golpes, incluso con piedras que levantaron del lugar.
El parte médico consignó contusiones en la cabeza, los brazos y las piernas, traumatismo facial, fracturas en la nariz y una herida cortante en el abdomen. El fiscal los calificó como lesiones graves que pusieron en riesgo su vida, aunque se abstuvo de acusar por tentativa de homicidio porque no está demostrada la intención de matar.
La versión de la imputada
Silva aceptó declarar durante la audiencia, a propuesta de su defensor Nahuel Benac, y negó cualquier responsabilidad. Dijo que esa noche estuvo en su casa y que se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando le contó la pareja de la víctima.
También afirmó que Laime usurpó su casa un año atrás, de la cual es dueña con papeles, y que tiene la denuncia hecha pero sin avances. Se presentó como comerciante dedicada a la venta de ropa y dijo que padece ataques de pánico que la obligan a permanecer en su domicilio.
El fiscal señaló que todos los involucrados viven en un perímetro muy acotado, a no más de dos cuadras uno de otro, y que cuenta con actas policiales, constancias médicas, registros fílmicos y testimonios para rearmar la secuencia. También secuestró un teléfono de Silva que espera peritar.
Los autores materiales siguen en libertad
Los autores directos serían al menos tres o cuatro hombres que todavía no están detenidos, pese a que la Justicia ordenó varios allanamientos. Sus identidades y apodos fueron apuntados por el fiscal, pero pidió que no se publiquen para no perjudicar la investigación.
La actuación policial quedó en entredicho porque Silva declaró que, cuando allanaron su casa y la detuvieron sin la presencia de fiscales, los uniformados le secuestraron el teléfono y le pidieron la clave de acceso. Luego, en la comisaría, le mostraron fotos para que reconociera a otras personas con posible participación. Su defensor aclaró que esas prácticas están vedadas y el juez Laurence admitió que son cuestiones graves, por lo que pidió al fiscal que instruya a los policías actuantes y a sus superiores sobre los límites que rigen.
Silva llegó detenida a la audiencia, pero recuperó la libertad. El fiscal no pidió prisión preventiva sino una prohibición de acercamiento y contacto con los testigos y con la víctima, que no fue objetada por la defensa. El plazo de investigación se extenderá hasta el 11 de febrero de 2027. Benac no se opuso a la formulación de cargos pero anticipó que usará ese plazo para robustecer la hipótesis de inocencia de su asistida.