Una orden judicial los obliga a pagar millones en meses y el plan de la abogada para evitarlo

La defensa de miles de ahorristas de planes para autos prepara un recurso urgente ante la Corte Suprema de Justicia Mendoza tras un revés judicial que los fuerza a renegociar deudas millonarias en plazos muy cortos, con la amenaza de perder sus vehículos si no llegan a un acuerdo.

La abogada Mariela González, representante de los afectados, confirmó que está trabajando en un recurso para la Corte. “Estoy trabajando en un recurso a la Corte. La Corte tiene que resolver en pleno esto”, explicó durante el programa “A pesar de llamas” por Radio Post.

Además, anticipó que pedirá una medida urgente: “El pedido en el que estoy trabajando es que la Corte ordene suspender esta orden porque básicamente nos lleva a dar de baja la acción colectiva”.

El conflicto se remonta a una medida cautelar aplicada en 2020, que permitió avanzar con un reclamo colectivo. Luego, en 2024, un fallo de primera instancia había dado la razón a los usuarios. “Se había logrado probar que habían estado cobrando con sobreprecio, un 14% de más a los suscriptores”, recordó González.

¿Qué cambió con la decisión de la Cámara?

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión, abriendo un nuevo escenario. “La Cámara ha revertido el fallo considerando que no estaba bien, pero lo peor es que me han puesto la obligación de renegociar con las automotrices los montos cautelados”, señaló la letrada.

Esos montos, que surgen de descuentos aplicados durante la cautelar, hoy representan cifras muy elevadas. “Acumulan deudas que van entre los 7 y 30 millones”, precisó. Y advirtió sobre el impacto inmediato: “Tenemos hasta el 15 de junio para negociar, de lo contrario estarían habilitados a secuestrar vehículos, esto está expresamente dispuesto en el fallo”.

¿Cómo afecta esto a los ahorristas?

La situación es crítica para los ahorristas. “¿Alguien puede afrontar 30 millones en uno o dos meses o entregar el vehículo?”, planteó González. Y agregó: “Estamos hablando de autos que hoy valen 15 millones con suerte, entonces no afecta solo el vehículo, sino los bienes o ingresos de la persona”.

El impacto económico también es un eje central del reclamo. “Hoy los ingresos promedios están entre 1 y 2 millones y las cuotas que se plantean son de más de 1 millón”, explicó, lo que dificulta cualquier posibilidad de acuerdo.

La dimensión del problema es masiva. “Han hablado de alrededor de 15.000 personas en esta causa”, indicó González, aunque aclaró que el número podría ser mayor si se suman otros expedientes similares.

¿Qué argumentos usa la defensa?

González cuestionó los fundamentos del fallo de Cámara. “Lo lamentable es que no se expiden sobre el 14%”, afirmó, en referencia al sobreprecio detectado en primera instancia. Y explicó: “Se basan en una norma del Código Civil que dice que los jueces no pueden anular cláusulas que tengan como objetivo mantener el valor de los bienes”.

Sin embargo, insistió en que hay elementos para discutir esa interpretación. “Hay muchísimos argumentos para rebatir eso, porque hubo publicidad engañosa”, sostuvo. En ese sentido, reveló: “Hay agregadas a la causa comunicaciones de las propias concesionarias con órdenes de las automotrices para vender planes diciéndote tasa 0% de interés, cuotas fijas, incluso con detalle de cuotas fijas”.

Para la abogada, estas pruebas contradicen la visión del tribunal: “Hay pruebas de engaño a la gente, como no como dijo la Cámara que no había”.

¿Cuál es la estrategia para evitar consecuencias irreversibles?

Frente a este panorama, la estrategia judicial apunta a ganar tiempo y evitar consecuencias irreversibles. “Si hasta el 15 de junio no negociamos y después secuestran los vehículos, nos quita toda la chance de que se analice el recurso”, alertó González.

Con plazos corriendo y miles de familias en juego, la definición ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia Mendoza, mientras los damnificados enfrentan un escenario de máxima incertidumbre.