Una orden judicial obliga al Gobierno a tomar una decisión que dejará sin efecto dos programas clave

El Ministerio de Capital Humano advirtió que no podrá implementar dos políticas prioritarias debido a una medida cautelar que ordena seguir pagando el plan Volver al Trabajo. Un juez federal de Campana hizo lugar al reclamo de beneficiarios, lo que generará graves consecuencias presupuestarias según la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La disposición del magistrado Adrián González Charvay implicó frenar la eliminación de ese subsidio, que asciende a $78.000 mensuales para más de 900 mil personas. Este programa había reemplazado anteriormente al Potenciar Trabajo y al Programa de Acompañamiento Social.

El ministerio confirmó que apelará el fallo judicial. En un comunicado oficial, expresaron su preocupación por el impacto que esta decisión tendrá sobre otras iniciativas planificadas.

“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó la cartera.

Según explicaron las autoridades, el programa Volver al Trabajo finalizó porque cumplió su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación. Este plazo había sido definido cuando se implementó inicialmente.

Frente a esta situación, se había realizado una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios. El objetivo era que recibieran vouchers de capacitación laboral que les permitieran una formación profesional con rápida salida laboral.

Estos vouchers estaban diseñados para facilitar la inserción al empleo registrado y formal. La capacitación se presentaba como una alternativa para quienes dejaban de percibir el subsidio mensual.

Ahora el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan. La decisión judicial incluye la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento.

La medida afectará directamente a los programas de vouchers de formación laboral que ya estaban planificados. También impactará en la implementación de la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.

El ministerio destacó que ambas políticas eran consideradas prioritarias dentro de su gestión. La doble escolaridad buscaba ampliar el tiempo educativo en instituciones con mayores necesidades.

Los vouchers de capacitación representaban una herramienta para la transición desde la asistencia social hacia el mercado laboral formal. Este enfoque buscaba promover la autonomía económica de los beneficiarios.

La apelación que presentará el ministerio buscará revertir la medida cautelar. El proceso legal continuará mientras se mantienen los pagos del subsidio según lo ordenado por el juez.

La situación genera incertidumbre sobre el destino de los fondos presupuestarios asignados a los programas ahora suspendidos. El ministerio deberá reevaluar la distribución de recursos ante este cambio de circunstancias.

Los beneficiarios del plan Volver al Trabajo continuarán recibiendo los $78.000 mensuales mientras dure el proceso judicial. La cantidad supera los 900 mil personas en todo el territorio nacional.