Una pareja recibió a un niño a cambio de dinero y la Justicia intervino: qué pasó

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa reveló un caso que encendió todas las alarmas en General Pico: una pareja habría recibido a un niño de parte de su progenitora en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero. El hecho, que podría constituir una apropiación ilegal, ya está en manos de la Justicia.

Según informó el organismo, tomó conocimiento de la situación la semana pasada y actuó de inmediato. A partir de la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos, se realizó la denuncia penal el pasado 3 de septiembre.

Ese mismo día, la pareja involucrada se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico con la intención de regularizar judicialmente la situación. Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido y dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de una conducta delictiva.

Un detalle que complica aún más el caso

Durante las intervenciones, los investigadores detectaron elementos que podrían indicar que el nombre del niño fue modificado mientras estaba al cuidado de la pareja. Esta circunstancia también fue comunicada a la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.

Ante la gravedad de la situación, y con carácter urgente, se adoptó la medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos. Actualmente, el niño se encuentra bajo el cuidado y resguardo de un dispositivo estatal especializado.

Qué dice la ley sobre las entregas directas

Desde la Subsecretaría remarcaron que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, al margen de los procedimientos legales, no constituyen una vía válida para establecer vínculos de filiación o adopción. Por el contrario, pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas.

El organismo recordó que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación vigente, los procesos de adopción requieren la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

“Cualquier procedimiento por fuera de las vías legalmente establecidas puede vulnerar derechos fundamentales de niñas y niños, particularmente su derecho a la identidad y su interés superior”, advirtieron.

La Subsecretaría reiteró que la prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de los derechos de las infancias, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad y en estricto cumplimiento de las normas vigentes.