Una partera del Sáenz Peña imputada por la identidad de una beba nacida en 1970: lo que encontró la Justicia

Una partera de 88 años que trabajó en la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña fue imputada por la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970. La fiscal federal Soledad García formalizó la acusación por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años, y por falsedad ideológica de instrumento público.

La imputación se concretó en una audiencia que se realizó el miércoles pasado en los tribunales federales de Rosario, ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. La fiscal García está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Según la acusación, la mujer confeccionó un certificado de nacimiento con datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970. En el documento habría certificado que E.A.Q. y A.T.B. —ambos ya fallecidos— eran los progenitores, y la niña quedó inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.

Cinco denuncias más y un ADN clave

La pesquisa no se limita a ese caso. La fiscalía analiza denuncias de otras cinco víctimas, todas por hechos que habrían ocurrido entre 1968 y 1980, cuando la imputada trabajaba en el área de maternidad del hospital.

Una de esas denunciantes es una mujer criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”. Sobre ella se ordenó una extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico.

“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García durante la audiencia.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que el uso de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”.

“Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó.

Qué resolvió el juez

La defensa planteó la prescripción de la acción penal, pero Rodrigues Da Cruz la rechazó. El magistrado consideró que se trata de un delito continuado y que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la identidad de las víctimas.

A pedido de la fiscalía, el juez autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada. Al fundamentar la medida, señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce el derecho de las víctimas a conocer su identidad, y consideró que la diligencia no vulnera las garantías de la acusada ni implica una declaración contra sí misma.

Como medidas cautelares no privativas de la libertad, dispuso que la imputada se someta al proceso y se presente cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. También ordenó la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la prohibición de mantener contacto con las víctimas y la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.

El origen de la causa

La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. La mujer relató que durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y que en 2012 le pidió a la persona que figuraba como su madre en el acta de nacimiento que se hiciera un examen de ADN.

El análisis determinó que no existía vínculo biológico con A.T.B., quien aparecía como su madre en la partida, con una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento.

La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra “Dolly”, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.

Según la pesquisa, para concretar la inscripción se insertaron declaraciones falsas en un instrumento público: la imputada certificó, en su carácter de partera, que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a E.A.Q. y A.T.B. como los progenitores biológicos.

La mujer señaló que su madre de crianza le confesó, antes de fallecer, que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y consignó como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña.

La víctima describió su crianza como una situación atravesada por el silencio respecto de sus orígenes. Según su relato, su padre se desempeñaba en las fuerzas de seguridad de Santa Fe, donde había trabajado en la Jefatura de Policía de Rosario y en tareas de investigación privada, y habría utilizado esa posición para amenazar a vecinos y familiares con el objetivo de evitar que se conociera el origen de la niña.

Ese relato fue corroborado, según la investigación, por una tía de la denunciante, quien manifestó que la familia había sido silenciada mediante amenazas de muerte atribuidas al padre. Sobre su madre biológica, la víctima señaló que supo que se trataba de una joven que no podía hacerse cargo de su crianza y que, después de la entrega, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata.

Cómo aportar información

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, puso a disposición el correo electrónico [email protected] para quienes puedan aportar información vinculada con los hechos investigados o requieran asistencia.

En las entrevistas y el acompañamiento a las personas damnificadas intervino el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.