Una pista habría destrabado la causa por drogas en Santa Cruz: quién la habría acercado
¿Quién habría acercado a la Fiscalía el dato que puso en marcha la causa por drogas en Santa Cruz? La defensa lo mencionó en radio, pero todavía no sabe qué habría aportado ni si el acuerdo existió.
La investigación que desembocó en una serie de allanamientos en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz sumó un capítulo que hasta ahora no había trascendido: la posible existencia de una persona que habría entregado datos a la Fiscalía y que, según la defensa, estaría en el origen mismo del expediente.
Quien puso el tema sobre la mesa fue el abogado Gabriel Giordano, que representa a una mujer de apellido Agüero y a Juan Pablo Bárquez, dos de los imputados en la causa. Lo hizo en diálogo con el programa "Arriba el Día", de Radio Nuevo Día.
Según su lectura, la investigación fiscal habría arrancado a partir de la información que aportó esa persona. Giordano la definió como un "imputado colaborador", una figura que, explicó, permite que alguien bajo investigación acerque datos al Ministerio Público Fiscal y negocie a cambio su situación procesal.
El propio letrado se encargó de aclarar los límites de su planteo: todavía no sabe si ese mecanismo se aplicó efectivamente en este expediente ni qué habría declarado el supuesto informante. La defensa, dijo, aún no había tenido acceso a la totalidad de la documentación. La identidad del colaborador y el contenido de sus dichos tampoco fueron dados a conocer públicamente.
La defensa revisará cómo se obtuvieron las pruebas
Giordano sostuvo que la Fiscalía reunió elementos durante una etapa preparatoria y que la defensa recién empezaba a recibir el material incorporado al expediente. Por eso anticipó que analizará el origen de esa información y si las medidas ordenadas —allanamientos y secuestros incluidos— se concretaron de manera válida.
En ese marco, el abogado dejó planteada una reserva de posibles nulidades. No afirmó que alguna medida ya haya sido anulada: indicó que los cuestionamientos se evaluarán una vez revisado el expediente completo.
Su explicación, por sí sola, no confirma que exista un acuerdo entre un colaborador y la Fiscalía ni permite saber qué pruebas sostienen la investigación. Esos puntos deberán cotejarse con las actuaciones judiciales y con la versión del Ministerio Público Fiscal.
Cómo están sus defendidos
El letrado precisó que Agüero quedó detenida de forma preventiva por 180 días, mientras que Bárquez sigue en libertad con condiciones que debe cumplir durante la investigación. Entre las pautas mencionó presentarse ante la Justicia y mantener una actividad laboral.
Giordano remarcó que las imputaciones son provisorias y que la formalización no equivale a una declaración de culpabilidad. También señaló que, de acuerdo con la presentación fiscal que escuchó, sus defendidos estarían ubicados en un nivel menor de responsabilidad dentro de la hipótesis que se investiga. Esa apreciación es de la defensa y todavía debe comprobarse en el expediente.
Dos líneas que avanzan en paralelo
En la entrevista, el abogado diferenció dos investigaciones conexas. Una apunta a presuntos delitos previstos en la Ley 23.737, entre ellos la tenencia y comercialización de estupefacientes. La otra analiza un posible lavado de activos a través de la compra de bienes con dinero que, según la hipótesis, provendría de esa actividad.
Giordano insistió en que las calificaciones pueden variar a medida que avance la causa y que el grado de participación de cada persona debe examinarse de forma individual. Tampoco descartó que la Fiscalía sume a otros involucrados si aparecen nuevos elementos.
La entrevista no identifica al supuesto colaborador ni detalla qué aportes habría hecho, qué beneficios habría obtenido o qué pruebas se secuestraron contra cada imputado. Esos datos deberán confirmarse con fuentes judiciales o con documentación del expediente.
