Una pistola de la Policía de San Juan apareció en Salta y destapó un faltante enorme

La Policía de San Juan y la Justicia provincial avanzan sobre un hecho que puso en alerta a la fuerza: más de 100 armas de fuego desaparecieron de un lote de 500 pistolas comprado en agosto de 2022. El caso derivó en una revisión de los mecanismos de control, resguardo y trazabilidad del armamento, y abrió dos frentes en paralelo, uno administrativo y otro judicial.

Damián Villavicencio, subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, se refirió a las actuaciones que buscan determinar qué ocurrió con el armamento. Según la información difundida, alrededor de 25 efectivos policiales quedaron bajo investigación administrativa por su vinculación con la División Armamento. Esa instancia debe establecer si hubo incumplimientos internos, fallas de control o irregularidades en la custodia.

La denuncia penal y el rol de la UFI Delitos Especiales

En paralelo, la Jefatura de Policía presentó una denuncia ante la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de la investigación penal. La intervención judicial deberá precisar si los hechos encuadran en delitos y, en caso afirmativo, identificar eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no se informó públicamente quiénes serían los responsables del faltante ni se atribuyó una conducta delictiva a los efectivos alcanzados por la pesquisa administrativa.

El hallazgo en Salta que impulsó el expediente

Uno de los elementos que dio mayor impulso a la causa fue el hallazgo de una pistola calibre 9 milímetros en la provincia de Salta, durante un procedimiento vinculado con una investigación por narcotráfico. Según la información disponible, esa arma sería parte del lote adquirido por la fuerza sanjuanina. A partir de ese dato, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de la pistola y determinar cómo salió de la órbita de custodia oficial.

Qué falta determinar

Las actuaciones apuntan ahora a establecer la cantidad exacta de pistolas faltantes, reconstruir la cadena de custodia desde la compra y la distribución, y definir en qué tramo se produjo la pérdida de control del armamento.

La causa administrativa y la penal avanzan de manera paralela, con resultados que podrían derivar en sanciones internas o en eventuales imputaciones, según lo que determinen los investigadores. Por ahora, el dato central que sigue bajo revisión es el destino de las armas y el alcance real del faltante detectado en la fuerza.