Una protesta sindical terminó con un sofá roto y una denuncia en la Justicia

La movilización de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a la Dirección General de Recursos Humanos de Entre Ríos derivó en una denuncia penal por hechos de violencia física, verbal y amenazas, según relató la titular del organismo, Luciana Kapp. La funcionaria individualizó a tres dirigentes del sindicato y aseguró que los episodios quedaron registrados en videos.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Kapp describió la protesta del martes por la mañana como "hechos violentos, intensos, sobre todo para con los trabajadores de la Dirección General de Recursos Humanos". La funcionaria apuntó directamente contra Oscar Muntes, secretario general de ATE; Mariana Luján, secretaria administrativa; y Gustavo Eduardo Quinteros, secretario de Organización del consejo directivo nacional del sindicato.

"De manera violenta irrumpieron en la Dirección, forcejearon contra empleadas mujeres, hubo hechos de violencia física, verbal, hubo amenazas de que si no les aprobaban determinados trámites, ellos iban a saber lo que era ATE y que iban a volver", sostuvo Kapp. Según su relato, los manifestantes gritaron "rompan todo" y provocaron daños en el interior del edificio: un sofá que describió como "una reliquia del lugar", una puerta y una silla, entre otros destrozos que, dijo, se determinarán con la Justicia.

Kapp afirmó que, como funcionaria, tiene la obligación de denunciar los hechos y que por eso acudió a la Unidad Fiscal. Mencionó posibles delitos de violencia, amenaza, violencia de género y violencia laboral, entre otros a tipificar.

El descargo de ATE y la respuesta oficial

Consultada sobre si las amenazas y la violencia no fueron solo hacia ella sino también hacia empleados de la repartición, Kapp respondió: "Exactamente. Eso fue lo que más indignó. Se trata de un sindicato que supuestamente defiende los derechos de los trabajadores, y se muestra atacando trabajadores. Fue un ataque entre compañeros de trabajo".

La versión de ATE, en cambio, apunta a la demora en la aprobación de cursos de capacitación necesarios para recategorizaciones y sostiene que se privilegian los trámites de UPCN. Mariana Luján admitió que hubo dirigentes exaltados, pero reprochó esa supuesta demora.

Kapp rechazó de plano esa acusación: "Voy a desmentir totalmente eso. Acá no hay ningún tipo de privilegio para un sindicato por sobre el otro". Aclaró que no está afiliada a ningún sindicato, aunque mantiene contacto permanente con varios por su función. "Desmiento en concreto y de manera contundente que haya demoras en los trámites de aprobación de las capacitaciones", agregó.

Según su relato, ATE fue citada varias veces a reuniones con el equipo de la Dirección y se le explicaron los requisitos normativos. "Presentaban las carpetas incompletas", aseguró. Y remarcó que el sindicato capacitó a sus afiliados sin contar con la resolución aprobatoria de la Dirección General de Recursos Humanos. "Los trabajadores que se capacitaron a través de ATE pensaban que las capacitaciones estaban aprobadas y cuando ingresaron en el expediente de recategorizaciones se dieron cuenta que no iban a recategorizar porque no estaban validadas", explicó.

Para Kapp, la diferencia es simple: "Lo que ocurrió es que un sindicato cumplió y el otro no, un sindicato fue al diálogo y el otro no". Y cerró con una frase dura: "Si no pueden hacer las cosas como corresponde, para que se les aprueben las capacitaciones, que renuncien y que se vayan a estudiar, porque les explicamos varias veces en varias reuniones los requisitos que se requerían".