Una rama gigante cayó en el Parque San Martín y el Gobierno de Mendoza tuvo que pagar una fuerte suma

Una mujer recibirá una indemnización del Estado provincial después de que su moto fuera aplastada por una rama de gran tamaño en el principal espacio verde de la ciudad. El hecho, que ocurrió a principios del año pasado, motivó un reclamo administrativo que finalmente se resolvió con un acuerdo para evitar un juicio costoso y largo.

El incidente que desencadenó todo sucedió el 25 de febrero de 2024. La afectada se encontraba en el Parque General San Martín cuando, de manera repentina, una pesada rama se desprendió y cayó directamente sobre su vehículo, causándole importantes daños.

¿Cómo siguió el trámite?

Tras el accidente, la mujer presentó de manera formal el acta policial que labraron en el momento junto con los presupuestos de reparación. Con esa documentación, inició el reclamo ante la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el organismo a cargo de la administración del predio, que depende del Ministerio de Energía y Ambiente.

Los asesores legales del Estado analizaron el caso y determinaron que existía una “responsabilidad objetiva” por parte de la provincia. La base de su fallo fue que el daño ocurrió en un espacio público bajo jurisdicción y cuidado provincial, específicamente en el arbolado del Parque San Martín.

El camino del acuerdo para evitar la justicia

Para resolver el conflicto sin que escalara a los tribunales, las autoridades aplicaron la Ley 9.234. Esta normativa habilita al Estado a celebrar acuerdos transaccionales, un mecanismo diseñado para extinguir obligaciones mediante un pago consensuado, ahorrando así los mayores costos y la dilación temporal de un proceso judicial.

La Comisión Valuadora de la Contaduría General de la Provincia fue la encargada de analizar los montos presentados. Tras su evaluación, dio el visto bueno a una propuesta de indemnización por la suma de $881.812. A este monto base se le deben agregar los intereses que establece la ley, calculados hasta la fecha de la firma definitiva del acuerdo.

El acuerdo transaccional final contó con la rúbrica de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Además, para garantizar la transparencia de todo el procedimiento, recibió el aval de la Fiscalía de Estado y de la Asesoría de Gobierno antes de su oficialización mediante un decreto publicado recientemente.