Una resolución de la ANPyN le abrió a Tierra del Fuego una puerta en la Corte por el puerto de Ushuaia
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Una resolución de la ANPyN le abrió a Tierra del Fuego una puerta en la Corte por el puerto de Ushuaia

La Provincia sumará la Resolución 69/2026 de la ANPyN a la causa que tramita en la Corte Suprema. La funcionaria que lleva la estrategia legal apuntó contra los argumentos que usó Nación para sostener la intervención y adelantó cómo piensan revertirla.

El Gobierno de Tierra del Fuego sumará un nuevo capítulo a su pelea judicial por el control del Puerto de Ushuaia. La secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, confirmó que la Provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a la causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como parte de una batería de acciones judiciales y administrativas destinadas a frenar la continuidad de la intervención nacional.

Según explicó la funcionaria, los equipos legales trabajan en nuevas medidas dentro de una estrategia que combina el frente judicial con el administrativo, este último canalizado a través de la Dirección Provincial de Puertos.

La prórroga como hecho nuevo

La extensión de la intervención será presentada como un hecho nuevo dentro de la ampliación de la demanda y, al mismo tiempo, como un agravante de la situación que el Ejecutivo fueguino viene cuestionando. “Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, sostuvo Arroyo.

Las obras que Nación usó como argumento

Uno de los ejes del cuestionamiento provincial pasa por los fundamentos que la Nación esgrimió para justificar la intervención, en especial las supuestas deficiencias de infraestructura y el plan de obras que presentó la autoridad nacional.

Arroyo detalló que, de las nueve obras incluidas en el apartado “obras en ejecución”, solo una está realmente en marcha desde septiembre. Las demás tienen fechas previstas que se extienden entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial”, manifestó la Secretaria.

Además, remarcó que buena parte de los trabajos anunciados por la ANPyN ya figuraban en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. Por eso cuestionó que esas obras se presenten como argumentos para sostener la intervención.

También puso en duda el alcance de las tareas proyectadas y consideró que no representan una modernización integral de la terminal portuaria. “La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia”, afirmó.

El conflicto con los trabajadores y los salarios

Otro de los puntos que señaló Arroyo tiene que ver con el personal de la Dirección Provincial de Puertos. La funcionaria cuestionó el desplazamiento de trabajadores dispuesto durante la intervención y afirmó que el Gobierno provincial sigue afrontando el pago de los salarios de quienes quedaron fuera de la administración nacional.

“Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera”, expresó. En esa línea, advirtió que si la situación se prolonga podrían aparecer dificultades para sostener las obligaciones salariales que hoy asume la Provincia.

El pedido de información por los fondos del puerto

La Secretaria reclamó además que la Nación informe sobre los ingresos generados por la actividad portuaria durante la intervención y sobre el destino de esos recursos. Según indicó, la Dirección Provincial de Puertos y otros organismos hicieron pedidos de información que hasta el momento no habrían obtenido respuesta.

La falta de precisiones sobre la administración de los fondos es otro de los puntos que el Gobierno fueguino busca sumar a sus cuestionamientos administrativos y judiciales.

Con la prórroga de la intervención como nuevo elemento, la Provincia avanzará en la ampliación de su presentación ante la Corte Suprema y continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Arroyo.

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