Una resolución judicial dinamitó una investigación de lavado narco de 10 años y generó una dura réplica fiscal

Una resolución judicial que sobreseyó a los imputados en un caso de lavado de dinero del narcotráfico, incluyendo a la viuda e hijo de Pablo Escobar, fue calificada como “errónea” y “arbitraria” por los fiscales, quienes apelaron y pidieron el apartamiento del juez. El fallo, dictado el 26 de abril, anuló una investigación que había permitido recuperar 3,5 millones de dólares para el Estado y expuesto una trama con figurones internacionales.

Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco presentaron una apelación contra la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi. En su escrito, utilizaron términos como “sesgada”, “superficial”, “parcial” y “forzada” para describir la decisión que puso fin a la causa.

La investigación, iniciada en septiembre de 2017 a partir de un reporte de la DEA norteamericana, había vinculado al número tres del Cartel de Cali, el colombiano José Bairon Piedrahita Cevallos (68), con el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet (65) en operaciones de lavado de dinero. Estas maniobras incluían inversiones inmobiliarias y negocios gastronómicos, como el famoso Café de los Angelitos.

¿Quiénes fueron los intermediarios?

Según la declaración de Piedrahita, conoció a Corvo a través de María Isabel Santos Caballero (66), viuda de Pablo Escobar Gaviria, y de su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos (47). Estos habrían cobrado una comisión de aproximadamente 100 mil dólares por su intermediación. En la trama también fue involucrado el ex jugador de Boca, Mauricio “Chicho” Serna.

Los otros cuatro procesados, ahora sobreseídos, son la esposa de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, la contadora María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, administrador del Café de los Angelitos, y el testaferro Esteban Adrián del Río.

¿Cuál fue el argumento del juez?

Martínez de Giorgi fundamentó su decisión en que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso, quienes viajaron a Estados Unidos, no podían indagar a Piedrahita mientras estaba preso, sino solo entrevistarlo. Este razonamiento llevó a la anulación de toda la investigación, a contrapelo de ocho fiscales y diez jueces que habían intervenido previamente en la causa.

La Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, también presentó una apelación. Los fiscales argumentaron que la resolución “evidencia un adelantamiento de opinión incompatible con la posición de imparcialidad que debe caracterizar al juez de la causa”.

José Bairon Piedrahita Ceballos, detenido actualmente en Estados Unidos, había sido una figura central en la investigación. En su declaración, explicó que Serna era el testaferro de otro capo colombiano, Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”), heredero de la Oficina de Envigado, la organización de cobro creada por Pablo Escobar.

Piedrahita relató que pagó los abogados de “Rogelio” cuando este decidió entregarse a la DEA, con negociaciones realizadas en Buenos Aires. Luego, para invertir en sociedades argentinas, utilizó capital de esa deuda, ya que Aguilar la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina pero que en realidad pertenecían a “Rogelio”.

La elevación a juicio, firmada originalmente por el juez Barral y requerida por los fiscales Santiago Marquevich y Diego Iglesias, documentaba estos detalles. Sin embargo, el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente fuera trasladado a Comodoro Py, donde permaneció tres años resolviendo principalmente nulidades.

¿Qué impacto tuvo la declaración de Piedrahita?

A mediados de 2019, Piedrahita brindó una declaración en Estados Unidos que fue fundamental para la acusación. Inicialmente, su identidad fue ocultada bajo el rótulo “imputado colaborador A”, pero luego fue revelada por iniciativa propia. Su testimonio ancló la acusación contra los otros imputados y fue pieza clave en un juicio penal abreviado realizado por videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos a fines de 2019, condena que también quedó anulada.

En ese juicio abreviado, Piedrahita aceptó su culpa, contó detalles de su vida en el narcotráfico colombiano—llegó a producir 500 kilogramos diarios de cocaína—y brindó precisiones sobre sus negocios en Argentina. Como parte del acuerdo, entregó acciones de sus empresas por valor de casi cuatro millones de dólares, permitiendo que un edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario fuera utilizado para la contención del COVID-19 durante la pandemia.

Los fiscales criticaron en su apelación el sistema de nulidades repetidas, argumentando que las defensas las usan para desgastar y destruir causas. “Es sorprendente la cantidad de magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación que han intervenido hasta aquí en la causa sin que, en razón de la estrategia reiterativa y dilatoria de las defensas, haya sido posible aun arribar al debate oral y público”, señalaron.

Este caso no es aislado; situaciones similares han ocurrido antes y, según los fiscales, probablemente volverán a suceder. La apelación ahora será analizada por la Cámara Federal, que decidirá si revoca los sobreseimientos y aparta al juez Martínez de Giorgi de la causa.

José Bairon Piedrahita Ceballos, el narco colombiano con vínculos en la Argentina, hoy detenido en Estados Unidos.

Martínez de Giorgi, el juez federal, en medio de la polémica.

El Café de los Angelitos: habría recibido dinero narco.