Una senadora presentó un proyecto que podría cambiar las cárceles para siempre: ¿qué rol tendrá el sector privado?

Una iniciativa legislativa busca abrir la puerta a la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de unidades penitenciarias, aunque con límites estrictos que mantienen bajo control estatal funciones clave como la seguridad y la rehabilitación. La senadora Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, presentó el proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, argumentando que es una respuesta a la crisis de infraestructura y sobrepoblación en el sistema carcelario.

El texto propone habilitar la participación del sector privado en la construcción, operación y administración de cárceles, bajo control estatal. Según la iniciativa, el Poder Ejecutivo provincial podrá concesionar total o parcialmente las unidades penitenciarias a operadores privados.

¿Qué funciones quedarían fuera del alcance privado?

El proyecto establece límites precisos sobre las funciones indelegables. Excluye de manera explícita áreas clave como la seguridad, la vigilancia, el tratamiento y la rehabilitación de los internos, que continuarán bajo la órbita del Estado.

Arietto explicó que la propuesta apunta a incorporar nuevas alternativas de gestión sin resignar responsabilidades esenciales. “Ofrecer una alternativa concreta a la construcción y gestión de establecimientos carcelarios”, señaló en los fundamentos.

Condiciones estrictas y controles de transparencia

La iniciativa fija condiciones estrictas para los procesos de licitación. Los pliegos deberán contemplar estándares mínimos en infraestructura, salud, alimentación, educación y programas de rehabilitación.

También se establece que las concesiones no podrán derivar en “beneficios excesivos a expensas de la calidad de vida y el bienestar de los reclusos”. El proyecto incorpora mecanismos de control y transparencia donde se deberá detallar el costo público de cada contrato, la rentabilidad estimada para los operadores y las sanciones previstas ante incumplimientos.

Las empresas concesionarias estarán obligadas a publicar informes periódicos con datos sobre población carcelaria, condiciones de detención y programas de reinserción.

¿En qué se basa esta propuesta?

Arietto enmarcó la propuesta dentro de una tendencia internacional que contempla distintos grados de participación privada en sistemas penitenciarios, con ejemplos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia.

En paralelo, la senadora también elevó pedidos de informes al Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof, solicitando detalles sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y el uso de tobilleras electrónicas.

Críticas al funcionamiento legislativo

Finalmente, Arietto cuestionó el funcionamiento de la Legislatura bonaerense por la falta de tratamiento de iniciativas vinculadas a la seguridad y criticó al oficialismo por priorizar otros proyectos. “Piden votar el día del venado de las pampas, la fiesta del tero, el día del lobo, etc. Ahora, la prohibición de celulares en cárceles, desalojos inmediatos, límite a excarcelaciones que presentamos desde La Libertad Avanza no lo votan”, expresó.