Universidades en pie de guerra: el paro que amenaza el inicio de clases y el reclamo que el Gobierno no escucha
Los gremios docentes anunciaron un paro nacional y amenazan con extenderlo indefinidamente. ¿Qué reclaman y por qué los rectores advierten que el cuatrimestre será “crítico”? Todos los detalles del conflicto que pone en jaque a las universidades.
La educación pública superior se prepara para un inicio de ciclo lectivo marcado por la tensión extrema. Los gremios docentes nacionales lanzaron un paro para el 16 de marzo y advierten que podría extenderse por tiempo indeterminado si no se aplica la Ley de Financiamiento y se abren las paritarias. Mientras tanto, los rectores pintan un panorama desolador para el cuatrimestre.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires fue contundente en su postura. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, declararon. Su plan de lucha incluye no solo la medida de fuerza, sino también movilizaciones y clases públicas para visibilizar el conflicto.
¿Qué hay detrás del paro nacional?
Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) confirmaron un paro nacional que se extenderá del 16 al 22 de marzo. La decisión, según explicaron, responde a la “conjunción de una situación salarial insostenible para la docencia universitaria”. La bronca acumulada por meses de incumplimiento está a punto de estallar.
El conflicto se arrastra desde octubre de 2025, cuando el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario tras el rechazo del Congreso a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó en un limbo, suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incluyan en el Presupuesto.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo en diciembre. La Justicia les dio la razón: el juez federal Martín Cormick ordenó al Ejecutivo cumplir de forma inmediata con las disposiciones de la Ley 27.795, especialmente las vinculadas a la actualización de partidas para salarios docentes y becas estudiantiles.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, pero en dirección contraria. En febrero de 2026, la administración de Milei apeló la medida cautelar y días después presentó un nuevo proyecto de ley. Tanto docentes como rectores coinciden en que esta iniciativa “desvirtúa el espíritu de la ley original”.
Un nuevo proyecto que enciende más la mecha
Tras el revés judicial, el oficialismo envió al Congreso una propuesta para modificar la Ley de Financiamiento vigente. El proyecto aún aguarda su tratamiento en comisiones de Diputados y ya genera un fuerte rechazo en el sector.
En un encuentro a principios de febrero con el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, y otros rectores, el Ejecutivo planteó sus intenciones. Las autoridades universitarias salieron de esa reunión con la certeza de que la iniciativa oficial establece “actualizaciones mínimas” y traiciona el objetivo de la norma sancionada.
La diferencia central radica en los salarios. La ley actual obliga al Estado a reconocer la pérdida por inflación desde el 1° de diciembre de 2023. El proyecto del Gobierno solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. “Del 55% del salario perdido de 2023, el nuevo proyecto ofrece recuperar un 12% en tres cuotas”, denunciaron desde la Conadu.
Oscar Alpa, titular del CIN, explicó a TN la gravedad: “El 93% de la partida presupuestaria para el sistema universitario está destinada a salarios, que además están totalmente deprimidos, por lo que hay docentes que renunciaron”. Los gremios reportan que hay profesores que cobran alrededor de $250.000 mensuales, un mogo que no alcanza.
El fantasma de un paro indefinido y un cuatrimestre “crítico”
La propuesta oficial también recorta en otros frentes. Para los gastos de funcionamiento de las universidades, como hospitales universitarios y ciencia y técnica, no contempla recomponer las pérdidas de 2024 y 2025. Además, para 2026 solo prevé una actualización si la inflación anual supera el 14,3%.
Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu, advirtió a TN sobre las consecuencias: “Si el gobierno nacional avanza en el intento de reformar la ley, nos asomamos hacia un horizonte de posible paro por tiempo indeterminado. La falta de responsabilidad del Estado nacional es imperdonable. El malestar de la docencia es muy grande”.
A fines de febrero, el CIN emitió un comunicado exigiendo nuevamente el cumplimiento de la ley “para recuperar el salario perdido en 2024 y 2025 y que se convoque a paritarias”. Remarcaron que es fundamental actualizar los gastos de funcionamiento, el sistema científico y los montos de las becas estudiantiles.
“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas del ciclo lectivo 2026”, concluyó el organismo que reúne a los rectores de todo el país.
Las palabras de Oscar Alpa resuenan como una profecía sombría: “Si no se aplica correctamente la ley, será un cuatrimestre crítico para el sistema universitario”. Clara Chevalier coincidió con ese diagnóstico lapidario: “Tendremos un año de cursada muy complicado”. El reloj corre y las aulas permanecen vacías, a la espera de una solución que parece cada vez más lejana.
