Uno de los gigantes petroleros que opera en Vaca Muerta se corre de Malvinas
45 personas y empresas ya están bajo la lupa del Gobierno por sus vínculos con la actividad petrolera en Malvinas. Mientras tanto, una de las firmas más poderosas que opera en Vaca Muerta tomó una decisión que puede complicar el proyecto Sea Lion.
SLB, una de las empresas de servicios petroleros más grandes del mundo y con fuerte presencia en Vaca Muerta, anunció que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. La decisión se conoció este sábado, días después de que el presidente Javier Milei realizara anuncios en cadena nacional vinculados a la soberanía sobre las islas.
La compañía, ex Schlumberger, explicó que la medida responde a las disposiciones del Decreto 868/2026, publicado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esa norma agiliza la aplicación de sanciones contra empresas y personas que participen en la exploración o explotación de recursos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.
“SLB, en atención a lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló Schlumberger Argentina S.A. mediante un comunicado.
SLB prioriza sus operaciones en Vaca Muerta
La decisión tiene un peso especial por la fuerte presencia de SLB en el yacimiento neuquino, donde participa en iniciativas vinculadas con la perforación, la estimulación de pozos y el desarrollo de infraestructura para el transporte de hidrocarburos.
El 17 de marzo de 2026, SLB e YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la compañía al Instituto Vaca Muerta, una iniciativa destinada a capacitar trabajadores para operaciones no convencionales. El convenio se difundió después de una visita del director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, al yacimiento Loma Campana.
En esa oportunidad, las empresas resaltaron la importancia del “talento, tecnología y colaboración” para impulsar el desarrollo de los recursos no convencionales de la formación neuquina. Además, en junio de 2024, SLB había comunicado la continuidad y ampliación de sus tareas junto a Vista Energy, mediante un contrato de completación integrada no convencional.
El impacto sobre el proyecto Sea Lion
Al igual que Halliburton y otras grandes compañías de servicios petroleros con operaciones en la Argentina, SLB se mantuvo al margen del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 %, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35 % restante.
Ambas compañías aseguraron que las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán el cronograma previsto y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Sin embargo, la decisión de SLB podría representar una dificultad para la iniciativa. Juan Carlos Glorioso, petrofísico argentino que trabajó en YPF y Maxus, consideró que las medidas adoptadas por el país podrían, “sin dudas, actuar de freno para el proyecto Sea Lion”.
“No será fácil para el operador Navitas conseguir empresas de servicios líderes y que no operen en Argentina. Y las empresas que quedan les pueden significar un riesgo técnico para la operación offshore”, explicó el especialista en declaraciones a Infobae.
El Gobierno nacional ya abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades petroleras en Malvinas. Las autoridades buscarán determinar si existieron incumplimientos a la Ley 26.659 e incluirán en las actuaciones a accionistas y prestadores de servicios.
Qué establece el Decreto 868/2026
El decreto amplía y agiliza la aplicación de la Ley 26.659, que prohíbe a las personas o compañías que desarrollan actividades en la Argentina participar directa o indirectamente en explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental.
Las restricciones también alcanzan determinadas operaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría. Este esquema puede condicionar especialmente a los proveedores internacionales que mantienen negocios importantes en el país y que podrían ser convocados para intervenir en proyectos próximos a Malvinas.
