UPCN frenó en seco al Gobierno por el Copnaf: con esta planta, dicen, no alcanza
La Ley 27.801 ya tiene a UPCN en alerta por lo que puede pasar con el Copnaf en Entre Ríos: advierten que la atención de quienes determine la Justicia no se resuelve con la estructura actual, y el Gobierno todavía no definió cómo lo hará. Lo que reclaman antes de que el tema explote.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) encendió la alarma por el futuro de los trabajadores del Copnaf ante la aplicación en Entre Ríos de la Ley 27.801. La dirigente Domínguez fue tajante: la provincia todavía no muestra precisiones sobre cómo se instrumentará la norma y, según el gremio, no se puede improvisar.
“El Gobierno debe prever qué va a pasar con los trabajadores del Copnaf por la Ley 27.801”, disparó Domínguez, al recordar que el asunto se viene discutiendo desde hace más de un mes.
Una planta que, dicen, no da abasto
El nudo del reclamo está en los recursos humanos. La normativa nacional obliga a atender a las personas que eventualmente determine la Justicia, y desde UPCN sostienen que esa tarea no se puede cubrir con la estructura actual del organismo.
“No hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema”, subrayó la dirigente. La frase resume el eje: más trabajo, más exigencia y una organización que todavía no está definida.
Según Domínguez, los promotores de derechos ya están muy exigidos y su función dentro del Copnaf necesita una mirada específica. Aunque reconoció que “lo salarial es crucial”, aclaró que la discusión va más allá del sueldo: también involucra derechos laborales y la definición de quién hace cada tarea, con qué herramientas y con qué perfil profesional.
Perfil nuevo y anticipación
Para cumplir con lo que dispone la Ley 27.801, haría falta personal específico con una preparación pensada, que aborde la perspectiva de derechos pero también la seguridad. Desde el gremio advierten que no se trata de un ajuste menor, sino de una reorganización que debe anticiparse antes de que la realidad la imponga.
Hasta ahora, la cuestión no está definida ni discutida. Por eso el sindicato busca abrir instancias de conocimiento sobre las medidas que podría tomar la provincia y reclama participación institucional en decisiones con impacto laboral directo. No se descarta una reunión en los próximos días para conocer avances y cómo se proyecta aplicar la ley nacional en el territorio entrerriano.
Reunión técnica y dudas por el Presupuesto 2027
La implementación no es solo un debate gremial. Autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario se reunieron con una ONG chilena para interiorizarse sobre metodologías de trabajo y herramientas aplicables en la provincia. El dato marca que el proceso exige protocolos, formación y capacidad operativa.
En el Presupuesto 2027 figuran dos obras de ampliación vinculadas al tema, aunque no se conoce con exactitud cuál es la consigna. Domínguez cuestionó que la solución no puede reducirse a agregar una habitación y consideró que, incluso si se concretara una obra, eso no resolvería la atención de esta situación.
La duda central sigue abierta: quién se hará cargo de atender a quienes eventualmente determine la Justicia.
“No puede ser improvisado”
El cierre de la advertencia fue firme pero ordenado: es un tema delicado que debe organizarse bien y no admite improvisaciones. Hasta el momento, por lo que se sabe, no se registraron casos, pero desde UPCN advierten que no se puede esperar a que ocurran para que el Gobierno recién entonces defina qué hacer.
La clave, insisten, está en anticipar la estructura y no en correr detrás de la primera situación que exija una respuesta. El tema sigue en la mesa de discusión, con un gremio que reclama información y un Estado provincial que, hasta ahora, no definió el mapa completo para aplicar la ley.